Un informe de control emitido por la Contraloría halló responsabilidades en cinco -por entonces- gerentes de Petroperú, implicados en la licitación con irregularidades para la compra de biodiésel a Heaven Petroleum (HPO) por US$ 74.4 millones cuyo gerente Samir Abudayeh se reunió con el presidente Pedro Castillo y la lobbista Karelim López.
¿Qué halló la Contraloría? en concreto que el exgerente general, Hugo Chávez Arévalo; el exgerente de la Cadena de Suministros, Muslaim Abusada Sumar; el exgerente del Departamento de Distribución, Gunther Document Celis y el exgerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos, Roger Liy Lion incurrieron en una serie de hechos fuera de la ley para beneficiar al proveedor que se reunió con Castillo.
El reporte enumera los hechos específicos que se halló, como que:
1.- Un funcionario de la empresa estatal participó en el proceso de adquisición de biodiésel B100 sin tener funciones para su desarrollo.
2.- Dicha se contratación se realizó sin convocar en forma paralela a un proceso internacional y sin la presencia de un notario público.
3.- A pesar de ello se otorgó la buena pro y se suscribieron los contratos por un funcionario que no ostentaba con esta facultad, beneficiándose indebidamente a la empresa Heaven Petroleum Operators, limitándose la participación de los postores internacionales.
4.- Generándose un nuevo proceso de adquisición cuyos plazos de entrega del biodiésel fue establecido en periodos abreviados.
Las evidencias analizadas indican que los cuatro gerentes mencionados líneas arriba participaron de manera irregular en el proceso de adquisición, toda vez -refiere la Contraloría- que en las actuaciones de la fase de contratación llevaron a cabo actividades sin tener funciones para ello, de acuerdo al reglamento de organización y funciones de Petroperú.
Otro hecho fuera de ley era que la convocatoria del proceso fue efectuada solo en el mercado nacional, aun cuando la normativa interna establece la realización en forma paralela en el mercado internacional, acciones que fue aprobado -subraya la Contraloría- sin tener habilitación legal y sustentando con informes técnicos no previstos en la normativa y carentes de sustento.
Fuente Diario Gestión
