Tumbes. – La Contraloría General evidenció que la Universidad Nacional de Tumbes contrató una empresa, cuya titular y gerente mantenía un vínculo conyugal con un funcionario de esa casa de estudios, el mismo que era encargado de requerir los servicios a ejecutar y responsable de otorgar la conformidad respectiva, por lo que estaría impedido de hacerlo.
En el Informe de Control Específico n.° 008-2026-2-3550-SCE (periodo de evaluación del 25 de enero de 2024 al 9 de enero de 2026) se indica que el funcionario involucrado se desempeñaba como jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, quien realizó los requerimientos y términos de referencia, incluso consignando montos de contratación, lo cual también contraviene la directiva para contratación de bienes, servicios y consultorías por montos iguales o menores a ocho UIT, emitida por la entidad.
Posteriormente, la Unidad de Abastecimiento y Subunidad de Adquisiciones, pese a intervenir en el proceso técnico de contratación de bienes y servicios, omitieron dar cumplimiento de la normativa vigente en lo referente a la verificación de la existencia de impedimento para contratar con la entidad.
Aunque el propio funcionario consignó en su declaración jurada de intereses su vínculo conyugal con la gerente de la empresa beneficiada y habiendo un acta de matrimonio desde el año 1996, no alertó sobre este impedimento existente para que su cónyuge contratara con la entidad. Dichas declaraciones juradas corresponden a los periodos 2023, 2024 y 2025, apreciándose el parentesco por afinidad en primer grado, por el cual impedía contratar con la entidad, en tanto su cónyuge ejerciera como funcionario o servidor público en la Universidad Nacional de Tumbes.
Tampoco se abstuvo de participar en la suscripción de conformidad de los servicios. Por el contrario, permitió que se continuara contratando con la empresa en reiteradas oportunidades.
Entre los años 2024 y 2025 se contrataron un total de cinco servicios con la empresa por un monto conjunto de S/ 148 100 relacionados a evaluaciones, estudios, liquidaciones, supervisiones, entre otros.
Como resultado del control posterior se identificó la presunta responsabilidad penal de un funcionario. Por esta razón, se ha recomendado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción el inicio de las acciones penales en contra del involucrado. Asimismo, se señaló presunta responsabilidad administrativa entidad en dos servidores públicos.
El informe fue notificado al titular de la entidad para que adopte las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.
Fuente El Tiempo
