La Contraloría General de la República, mediante un informe de Auditoria de Cumplimiento, detectó que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Picota, en el departamento de San Martín ocasionaron un perjuicio económico por S/ 364,170.93 en contra de la entidad edil, por el mal uso de un préstamo obtenido de una entidad bancaria en el año 2016.
Principales observaciones detectadas:
- Altas autoridades de la Municipalidad Provincial de Picota, tramitaron y autorizaron desembolsos por la suma S/ 308,070.93 a favor de personal de la entidad (Tesorería, Presupuesto y Administración) y terceros (proveedora de Alimentos Bellavista SRL), sin contar con sustento técnico y legal alguno.
El informe de auditoría señala que estas autoridades ediles desembolsaron este dinero de un préstamo otorgado por el Banco de la Nación a la entidad edil por el monto de 653 mil 920 soles que estaba destinado para un proyecto de inversión pública denominado mejoramiento de la capacidad operativa de la Municipalidad Provincial de Picota.
Los hechos mencionados fueron originados por la decisión deliberada del gerente municipal, de los gerentes de administración y finanzas, del jefe de la Unidad de Tesorería y de la Unidad de Presupuesto y Estadística, quienes tramitaron y autorizaron los desembolsos de dinero.
Asimismo, fueron originados por la decisión del alcalde, secretario general, gerente municipal, gerente de administración y finanzas, asesor legal y jefe de la Unidad de Tesorería, quienes elaboraron documentos sin sustento técnico y legal, y presentaron documentación carente de veracidad simulando encargos internos.
El gerente de Infraestructura modificó las especificaciones del expediente técnico para el procedimiento de adquisición de un camión compactador valorizado en 422 mil 881.36 soles otorgando la buena pro a la empresa COMREIVIC SAC, que no cumplía con los requisitos necesarios establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Se pagó por la compra de dicho camión, sin la conformidad del área usuaria (Gerencia de Infraestructura) y pese a que el bien no contó con los servicios ofertados. Ello ocasionó un perjuicio económico a la entidad por un valor de 56 mil 100 soles, ya que se evitó cobrar penalidad por el retraso de entrega del camión compactador y se permitió pagar intereses y gastos de cobranza a favor del contratista.
El informe de Auditoría ha sido remitido al Órgano Instructor competente para que inicie el procedimiento sancionador respecto a los funcionarios y servidores señalados. De igual forma, se puso en conocimiento del Pleno del Concejo Municipal para que adopte los acuerdos y acciones que correspondan en relación a los funcionarios elegidos por votación popular.
La Contraloría recomendó que la municipalidad implemente lineamientos internos para que los procedimientos de selección se realicen en estricto cumplimiento de la normativa vigente para las contrataciones del Estado, y promueva la difusión de las normas de tesorería y presupuestarias en cuanto a la autorización y ejecución de encargos, formalización del gasto y la verificación de la documentación sustentatoria.
Fuente Diario Voces
