Tres nuevos proyectos de decreto de urgencia (DU) enviará la Contraloría al Gobierno con el fin de aprobar medidas normativas que mejoren la eficiencia en la ejecución del gasto público y dar mayor transparencia a la labor de los actores que intervienen en las contrataciones del Estado, anunció el contralor Nelson Shack.

“Vamos a enviar en el transcurso de los próximos días tres proyectos de DU al Poder Ejecutivo para que tenga a bien considerarlo”, sostuvo ante la subcomisión de la Comisión Permanente del Congreso encargada de revisar el Decreto de Urgencia Nº 008-2019.

Una de las propuestas, refirió, está vinculada a introducir mayores niveles de transparencia en la actuación de distintos actores que participan en las contrataciones con el Estado (supervisores, procuradores, árbitros, conciliadores y otros).

Shack reveló que otro de los proyectos de DU planteará regular expresamente la ejecución de obras por administración directa para aquellos procesos de contratación que después de dos convocatorias no consiguieron adjudicatarios de la buena pro.

También para casos en que las obras sean por un monto menor que no genere interés por tratarse de lugares alejados, siempre que la entidad tenga la posibilidad de poder ejecutarlas (presupuesto, inspector de obra, etcétera), detalló.

En el mismo sentido, señaló que insistirían con la propuesta normativa para el fortalecimiento de la Contraloría y la expansión del control concurrente, que sería la tercera propuesta de DU.

“Insistiremos con nuestra propuesta normativa para fortalecer el Sistema Nacional de Control y ampliar el control a todo el país, aprobando la expansión del modelo de control concurrente a todo tipo de obras por ejemplo”, recalcó.

Medidas

El Decreto de Urgencia N° 008-2019 está vigente desde el 1 de noviembre y establece medidas extraordinarias para reactivar obras públicas paralizadas y que las concluyan prontamente las entidades de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y municipal) a escala nacional.

 Según esta norma, la reactivación se aplica a las obras públicas paralizadas que estén bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado; presenten un avance físico igual o mayor al 50% al 31 de octubre de 2019; y que provengan de un contrato vigente sin reportar ejecución física por tres meses o más, o de un contrato declarado resuelto o nulo.

Shack indicó que, con el fin de contribuir a efectivizar la medida y que su continuidad y conclusión garanticen la prestación de los servicios públicos en beneficio de la población, su institución acompañará a los gestores públicos mediante el control concurrente.

“Para tal efecto, se empezaron las coordinaciones con los sectores vinculados, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que las entidades y sus titulares reciban oportunamente los instrumentos y recomendaciones técnicas para operar en el marco del DU”, indicó.

El contralor recordó que las entidades involucradas en el DU deben iniciar el registro de inventario de obras públicas paralizadas hasta el 29 de noviembre del presente año mediante el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Ese registro se podrá actualizar hasta el 31 de diciembre del 2019.

Los plazos establecidos en las diferentes etapas del proceso de reactivación son plazos máximos y la entidad puede iniciar la reactivación inmediata de una obra o de un conjunto de ellas, sin esperar a tener el listado de obras priorizadas acabado, el que se deberá perfeccionar a más tardar el 30 de abril de 2020.

“Si todo sigue como lo esperamos, creemos que en el primer cuatrimestre del próximo año deberán estar retomándose estas obras paralizadas”, afirmó Shack.

Fuente Andina

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