Tumbes. –  La Contraloría General de la República identificó irregularidades en el proceso de contratación del proveedor para el servicio de consultoría del peritaje técnico financiero de los proyectos: mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado; y mejoramiento del sistema de captación e impulsión para el almacenamiento de agua potable, ambos en el asentamiento humano Campo Amor, con un costo de S/ 355 mil, a cargo de la Municipalidad Provincial de Zarumilla. Además. el peritaje definitivo presentó observaciones por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y no ha sido utilizado para los fines por los cuales fue requerido.

Según detalla el Informe de Control Específico N° 015-2022-2-0476-SCE a la Municipalidad Provincial de Zarumilla, los términos de referencia (TDR) fueron formulados incorrectamente, requiriendo un servicio de consultoría de obra y no de consultoría general (de alta especialización), permitiendo la acreditación y participación de postores que no tenían el perfil ni la experiencia. Además, el valor estimado de contratación no consideró la menor oferta de las cotizaciones, cuyo monto fue por S/ 350 mil, y que a su vez cumplía con el término de plazo de 90 días estipulado en los TDR, no citándolo en el cuadro comparativo y colocando en su lugar que no se encontraba especificado.

La comisión de control evidenció que el Comité de Selección avaló el errado expediente de contratación; sin justificación, modificó el plazo de ejecución del servicio, variándolo a 210 días calendarios y no tomó en cuenta las observaciones planteadas por los proveedores. Aunado a ello, se advirtió que el único postor y ganador, presentó documentación inexacta referente a su personal, no acreditó un instrumento requerido como parte de su equipamiento, fue favorecido en la asignación de puntajes en el requisito de experiencia, y su oferta no estuvo verificada por el órgano competente.

Asimismo, el peritaje definitivo fue observado por el MVCS por encontrarlo incompleto, pese a ello fue cancelado en su totalidad, sin contar con el visto del citado ministerio como entidad involucrada, y no ha sido utilizado para reiniciar, reactivar, terminar y/o continuar las obras paralizadas, dejando de cumplir su finalidad pública y de beneficiar a su población.

Tras las irregularidades encontradas, se identificó una presunta responsabilidad administrativa funcional derivada del deber incumplido en cuatro funcionarios, por lo que corresponde a la entidad dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario. Así también, la presunta responsabilidad penal en tres de ellos, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias pertinentes.

El informe está publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.

Fuente – Gerencia de Comunicación Corporativa – CGR – Tumbes

 

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