Nuevos cuestionamientos alcanzan a la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Amazonas (DENAGRD), luego de que la Contraloría General de la República identificara presuntas irregularidades en un proceso de contratación pública y dispusiera el inicio de las acciones legales correspondientes para determinar las responsabilidades que pudieran existir.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 030-2026-2-5331-SCE, el órgano de control evaluó la Licitación Pública Abreviada para Bienes N.° 22-2025-GRA/C-1, convocada por el Gobierno Regional de Amazonas para la adquisición de gorros y chalecos destinados a la Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres.
El informe comprende la revisión del procedimiento desarrollado entre el 18 de noviembre y el 18 de diciembre de 2025, período en el que participaron 47 postores inscritos, de los cuales 10 presentaron propuestas económicas.
Según la Contraloría, durante la evaluación de las ofertas el comité de selección habría solicitado a algunos participantes reducir el monto de sus propuestas o sustentar sus costos, pese a que varias de ellas ya se encontraban por debajo del valor referencial establecido en S/ 399 963,20.
Entre las observaciones figura el caso de la empresa GD Impacto S.A.C., cuya propuesta económica pasó de S/ 396 586,40 a S/ 339 226,00, lo que representa una reducción de S/ 57 360,40. Este hecho forma parte de los aspectos que deberán ser esclarecidos dentro de las investigaciones.
El informe de control concluye que existen elementos que justifican el inicio de las acciones legales correspondientes para determinar si hubo responsabilidades administrativas, civiles o penales de los funcionarios que participaron en el proceso de contratación.
La investigación involucra al gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, Pablo Vega Tafur, quien, de acuerdo con la información difundida, integró el comité de selección responsable del procedimiento evaluado por la Contraloría.
Antecedentes bajo investigación
Este no es el primer caso observado por el órgano de control en dicha gerencia.
En una investigación anterior, la Contraloría detectó presuntas irregularidades en la compra de 23 bienes de ayuda humanitaria por un monto superior a S/ 1 millón 552 mil, destinados a la atención de damnificados de la región Amazonas.
Según ese informe, durante una inspección realizada en los almacenes regionales se verificó que 13 carpas familiares, ya pagadas por el Estado, no se encontraban físicamente en el almacén al momento de la verificación. Asimismo, el órgano de control advirtió que la entidad devolvió íntegramente la garantía de fiel cumplimiento al proveedor sin aplicar una penalidad por presunto retraso en la entrega de los bienes, situación que habría ocasionado un presunto perjuicio económico al Estado.
Ambos casos forman parte de investigaciones que deberán ser evaluadas por las autoridades competentes para determinar la existencia o no de responsabilidades.
Es importante precisar que las observaciones contenidas en los informes de la Contraloría no constituyen una sentencia condenatoria. Corresponderá al Ministerio Público y, de ser el caso, al Poder Judicial, establecer si los hechos observados configuran responsabilidades penales, respetándose en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia de los funcionarios involucrados.
Fuente: Diario AHORA
