La Contraloría General de la República implementará una entidad que se encargará de recibir las denuncias del sector empresarial sobre presuntas irregularidades de funcionarios en el Estado, anunció hoy el titular de ese organismo, Fuad Khoury.Detalló que para ese fin se avanzará en la implementación de un Sistema Nacional de Atención de Denuncias exclusivo para el sector privado – Sinad Empresarial, por la cual los empresarios podrán alertar al órgano de control sobre las presuntas irregularidades en la que incurren malos funcionarios.
“De esta manera tendremos un ejército adicional de fiscalizadores para luchar contra la corrupción”, señaló durante su exposición en la 52 edición del CADE Ejecutivos “Hagamos del Perú un país de primer mundo”.
Para Khoury, se requiere un mayor liderazgo y compromiso político y empresarial para que la lucha anticorrupción sea más efectiva.
Agregó que solo con la voluntad política y la decisión empresarial al más alto nivel, se puede gestar una cultura de honestidad e integridad, dejando atrás la corrupción y la impunidad en el país.
Entre las medidas de alto impacto que podría implementar el Estado para desincentivar la corrupción, propuso aplicar penas efectivas de cárcel a los sentenciados por corrupción y aprobar la “muerte civil” para que ningún corrupto pueda volver a trabajar más en el sector público.
También pidió autorizar el traslado a la Contraloría de 1,350 auditores de los Órganos de Control Institucional (OCI) que están en planilla de las mismas entidades que fiscalizan, con lo cual se duplicaría el número de auditores que tienen actualmente y sin generar mayores gastos al Estado.
En otro momento, detalló que en su gestión fueron denunciados 166 alcaldes y exalcaldes por presuntos delitos contra la administración pública y otros 100 burgomaestres fueron demandados por la vía civil para que paguen una indemnización al Estado.
Ratificó que se ha detectado un perjuicio económico de más de 830 millones de nuevos soles, y que corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial adoptar las acciones necesarias para que los presuntos involucrados en estos hechos sean sancionados para recuperar ese dinero.
Comentó también que la entidad bajo su cargo evitó que el Estado gaste innecesariamente más de 300 millones de nuevos soles en presupuestos adicionales de obra y mayores gastos por servicios de supervisión de obra.
Destacó la facultad que tiene la Contraloría para solicitar el congelamiento de cuentas bancarias de aquellas entidades con riesgo de corrupción, sin afectar el pago de remuneraciones a los trabajadores ni la prestación de servicios públicos los cuales están garantizados.
Khoury Zarzar afirmó que se ha puesto en marcha una estrategia anticorrupción basada en siete ejes: fortalecimiento del control, legislación integrada, gestión pública eficiente, educación en valores, transparencia y rendición de cuentas, liderazgo público, y liderazgo privado.
