Control de la función pública
Uno de los principales desafíos de los funcionarios y servidores públicos ante la sociedad es transmitir los valores de servicio, como la integridad, la transparencia y la imparcialidad en el ejercicio de su labor. Esa responsabilidad es la que hace íntegra la gestión pública, y en la medida en que todos la cumplan se podrá combatir la corrupción.
Por eso, resulta importante la tarea de la Contraloría General de la República al ejercer un control más riguroso con el fin de sancionar e impedir que todo funcionario o servidor público que cometa una infracción siga laborando en las instituciones del Estado.
En los últimos días, la Contraloría dio a conocer que 967 funcionarios y servidores están suspendidos o inhabilitados temporalmente para trabajar en el Estado por haber cometido infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus labores.
La información oficial revela que los departamentos que con mayor número de funcionarios y servidores con sanción vigente son Lima (171), ya que concentra la mayor cantidad de entidades públicas, y Cajamarca (90).
De acuerdo con la gravedad de la infracción administrativa que cometieron, los sancionados fueron suspendidos temporalmente para trabajar en el Estado de 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de uno a cinco años. Con ello, las sanciones son inscritas en el registro de la Autoridad del Servicio Civil (Servir) y publicadas en el portal institucional del máximo organismo de control, como parte de la política de transparencia y acceso a la información.
Lo fundamental de la medida es el trabajo exhaustivo de control, seguimiento y sanción efectiva que realiza la Contraloría contra los que cometen infracciones en el ámbito de la administración pública. Es una señal clara de que toda acción que atenta contra la función de servicio en la gestión pública no debe ni puede quedar impune.
En un contexto social y político como el que vive el Perú, así como otros países de la región y el mundo, en el que la corrupción ha adquirido una preocupante relevancia y ha ido ganando una alarmante presencia en sectores de la sociedad, urge que el Estado y sus instituciones brinden a la ciudadanía señales claras de que se trabaja para recuperar la transparencia e integridad de la función pública.
Esto pasa no solo por denunciar la corrupción donde sea que esta se presente, sino también por aplicar sanciones efectivas que impidan que un mal servidor o funcionario siga ejerciendo su labor y afecte la imagen de su institución. Frente a otros servidores públicos que sí actúan con transparencia y honestidad, el ejemplo de actitud proba debe ser un imperativo y una condición sine qua non que todos deben respetar.
Solo así se podrá recuperar la confianza de la ciudadanía, que espera que todo funcionario que cometa un delito o infracción reciba una drástica sanción.
Fuente El Peruano
