En los últimos cuatro años, el capital comprometido en obras públicas paralizadas se triplicó, al pasar de S/ 21,595 millones en marzo de 2022 (2,379 obras) a un pico histórico de S/ 67,139 millones al cierre de 2025 (2,426 obras), según datos expuestos por la Contraloría General de la República (CGR).
Hacia 2022, los Gobiernos locales tuvieron la mayor responsabilidad respecto de la cantidad de obras paralizadas, con 1,335 proyectos. No obstante, en términos de valor, el Gobierno nacional ya era el nivel con mayor capital inmovilizado desde ese año (S/ 10,704 millones). Esta concentración se incrementó al cierre de 2025, cuando la responsabilidad del Gobierno nacional explicó el 55.8% del costo total de obras paralizadas, por un total de S/ 37,433 millones.
El mayor aumento en el costo de paralizaciones se registró en los niveles nacional y regional. Por un lado, el costo acumulado de obras paralizadas a cargo del Gobierno nacional más que se triplicó entre 2022 y 2025, pues se incrementó de S/ 10,704 millones a S/ 37,433 millones. Por otro lado, el costo correspondiente a los Gobiernos regionales (GORE) representó 3.7 veces el valor de 2022, al escalar de S/ 5,135 millones a S/ 19,181 millones.
Sin embargo, en número de proyectos detenidos, son los Gobiernos locales los que concentran el mayor problema: acumulan 1,693 obras paralizadas al cierre de 2025, con un incremento de 358 proyectos respecto de la medición anterior, lo cual supera ampliamente las nuevas paralizaciones registradas en los otros dos niveles de gobierno.
Entre 2022 y 2025, las causas que registraron el mayor incremento en número de obras paralizadas fueron el incumplimiento de contrato, el abandono de obra y la deficiencia en el expediente técnico. La primera pasó de 247 a 634 obras paralizadas, y se consolidó como la causa dominante, con un incremento de 387 proyectos. Las deficiencias en el expediente técnico emergieron como una causa de creciente preocupación al escalar de apenas 4 a 183 obras (+179), mientras que el abandono de obra, por su parte, pasó de 4 a 183 casos (+179), lo que refleja un problema estructural en la calidad de la planificación técnica previa a la ejecución.
La respuesta institucional del Gobierno giró más alrededor de reformas organizativas que de gestión directa de proyectos. La Ley N.° 31841, promulgada el 21 de julio de 2023, creó la Autoridad Nacional de Infraestructura como organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encargada de proyectos de inversión iguales o mayores a S/ 200 millones. La entidad recién inició funciones el 1 de enero de 2024, y reemplazó, entre otras entidades, a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), por lo que heredó una serie de proyectos en ejecución. Semanario 1197.
Medidas similares del Gobierno se observaron en la intención de la expresidenta Boluarte de crear el Ministerio de Infraestructura, para lo cual presentó un proyecto de ley al Congreso de la República en julio de 2024. En mayo de 2025, el MEF anunció la extinción de 14 programas de infraestructura que pasarían a ser parte de la ANIN, con un ahorro estimado de S/ 4,000 millones en 2026, con lo que se volvió a priorizar la reorganización antes que el avance de los proyectos.
De cara al nuevo Gobierno, la evidencia apunta a dos intervenciones prioritarias. La primera es atacar la raíz del incumplimiento contractual, por lo que se debe verificar la capacidad de los consultores y supervisores que participan en su elaboración. La segunda es fortalecer las capacidades subnacionales: una mayor capacitación y asistencia técnica a los funcionarios locales resulta indispensable para prevenir la paralización de obras y asegurar que las inversiones se traduzcan en beneficios para la población (ver Semanario 1252).
A ello se suma un instrumento ya disponible, pero subutilizado: la Junta de Resolución de Disputas, presente en el Decreto Supremo N.° 350 desde 2015, que actúa como un tribunal de seguimiento de la obra, lo cual permite anticipar y resolver controversias antes de que deriven en paralizaciones. La nueva Ley General de Contrataciones Públicas busca que esta junta intervenga desde el momento del diseño mismo de la obra.
Fuente Comex Perú
