Covinca: Concesionaria Peruana de Vías presenta arbitraje contra el Perú en Ciadi
La compañía de capitales colombianos y peruanos Concesionaria Peruana de Vías Covinca S.A. presentó una solicitud de arbitraje de inversiones contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), informó CIAR Global.
La demanda, presentada el pasado 23 de septiembre, es vinculada con la construcción de un Nuevo Puente Montalvo y con las pérdidas acusadas por Covinca ante las medidas tomadas por el Gobierno por la expansión de la pandemia.
“A la fecha, existen situaciones fuera del control del Concesionario que afectan en normal desarrollo de la Concesión, siendo estos: la solución a la problemática de los deslizamientos en el sector de Siguas; el incumplimiento del Estado Peruano en puesta en operación de peajes en la vía de la Costanera; y la necesidad de entrega de terrenos para la realización integral de las obras”, sostiene la compañía, en su Plan de Negocios 2021.
Cuatrecasas Gonçalves Pereira (Madrid) y Roselló Abogados (Lima) representan a los demandantes; y la Comisión Especial que Representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Lima, Perú) lo hace en el caso de Perú.
Covinca explica cómo la declaratoria de emergencia de marzo del 2020 impactó negativamente en la concesión. Redacta, asimismo, los efectos negativos de la Ley Nº 31018 que ordenó a los concesionarios de carreteras no cobrar peaje, sin derecho a compensación.
“Se ha generado una reducción significativa del tráfico del área concesionada, durante todo el año 2020, e incluso durante el año 2021, afectando los ingresos esperados de la Concesionaria, los cuales son la única fuente de pago de las inversiones y obligaciones frente al Estado, bancos, proveedores, personal, y otros”, refiere Covinca.
Suspensión del cobro de peajes
En mayo del 2020, el Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley Nº 31018, que suspendía el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada, durante el estado de emergencia por el COVID-19.
Tres meses después, en agosto, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la norma. La demanda fue interpuesta por el poder Ejecutivo.
Fuente La República
