La criminalidad organizada se redujo en los últimos meses debido a todas las restricciones impuestas por el estado de emergencia. Pero la corrupción continúa y se ha adaptado a la pandemia.

El coronel Jorge Gonzales, jefe de la Diviac, detalla las intervenciones en varias municipalidades, centros de salud y algunas áreas de la Policía donde existen sospechas de irregularidades en las compras de canastas e insumos médicos. Gonzales, además, detalla cómo operan los fabricantes de medicamentos, mascarillas, alcohol y otros productos bamba que ponen en riesgo la salud de toda la población.

¿Qué tipo de delitos ha encontrado la Diviac en esta coyuntura?

Hemos logrado detectar fábricas clandestinas de alcohol líquido que combinaban con maicena para convertirlo en gel desinfectante. En Chiclayo encontramos una gran cantidad de envases para distribuir alcohol adulterado en toda la ciudad. La última intervención que hicimos fue en Los Olivos, donde encontramos dos casas; en la primera, tenían envases vacíos y en la segunda, tenían alcohol, maicena, precintos de seguridad y etiquetas falsificadas.

¿Cómo ha respondido la población ante el riesgo de comprar productos bamba en una época tan delicada?

Todo esto ha generado que la población tome sus medidas y solo compre en lugares autorizados. Además, que denuncie a las personas inescrupulosas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas. Gracias al apoyo de la ciudadanía con la información brindada a través de las redes sociales y también directamente a los agentes de la Diviac, hemos logrado el éxito de este trabajo.

¿Entonces la corrupción se ha amoldado a estas nuevas circunstancias?

Es lamentable, pero el delincuente busca la forma de cómo lucrar con una actividad, a pesar del dolor y la desesperación de las personas. Hubo momentos en que ya no había nada de alcohol, se agotaron las mascarillas, los guantes… ahí empezaron a acaparar y a fabricar en formal ilegal este tipo de productos.

Los municipios también han cometido irregularidades en las compras de canastas. ¿Cuántas intervenciones han hecho?

Tenemos a nivel nacional 1,874 municipalidades, el Ejecutivo otorgó más de S/200 millones para que compren canastas destinadas a todas las personas de baja condición económica. Teniendo en cuenta los riesgos, coordinamos con el fiscal superior encargado de la Fiscalía Anticorrupción, Omar Tello, para identificar a las municipalidades que cometan actos ilegales, por ejemplo, sobrevaloración de productos o que compren a sus amistades. Hemos intervenido las municipalidades de San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Cerro Colorado (Arequipa), entre otras. En la municipalidad de Aguaytía (Ucayali) encontramos botellas de aceite con una marca falsificada pues, en realidad, el producto era de una calidad inferior. Hay funcionarios que están lucrando –repito– con el dolor ajeno, están lucrando con el dolor del ciudadano que votó por ellos. No entiendo cómo pueden suceder este tipo de hechos irreproducibles.

¿Qué sanciones se aplicarán a los funcionarios que cometen este tipo de delitos?

En las diligencias realizadas en las municipalidades hemos encontrado evidencias y en la investigación se van a establecer responsabilidades individuales por cada funcionario. De acuerdo a eso, el fiscal va a evaluar, planteará su teoría del caso y solicitará la prisión preventiva correspondiente ante el juez. La sanción penal la tiene que considerar el Poder Judicial.

La Diviac ha intervenido a la misma Policía.

También se actúa inmediatamente en coordinación con la Fiscalía. La investigación establecerá responsabilidades individuales.

Crnl. Jorge Gonzales, jefe de la Diviac: “Hay funcionarios que lucran con el dolor”

¿En el caso de los hospitales las irregularidades han sido similares a las cometidas en otras dependencias?

La última intervención que hemos tenido ha sido en el Hospital Sergio Bernales, en Comas. Había bastante evidencia respecto a las compras que han realizado. Pero no es que la Policía va con una bola mágica al hospital. Nosotros recibimos las denuncias de las personas y trabajadores que ya están cansadas de este tipo de cosas, gente que no es atendida y puede llegar hasta morir. En la región Amazonas intervenimos un hospital que estaba construyendo unos ambientes para atender a personas con COVID-19 y la construcción estaba siendo sobrevalorada. Todos los hospitales intervenidos están en proceso de investigación.

El caso del hospital de Comas fue denunciado en Perú21. ¿Qué evidencia se encontró?

Hemos encontrado documentación de productos que han ingresado al almacén. Hemos ido con un contador, un perito experto en extraer información para sacar datos de las computadoras. Ese es el equipo para obtener la mayor cantidad de evidencia. Nuestro personal ha estado actuando con sus equipos de bioseguridad. En el hospital de Comas, el personal entró con un equipo de bioseguridad de la cabeza a los pies. Tenemos cinco efectivos con COVID-19 que están saliendo de esa crisis.

¿Los directores de los hospitales tienen que ver directamente con las compras? ¿Cuál es la cadena de mando o responsabilidad en esos casos?

La estructura orgánica está establecida en su MOF (Manual de Organización y Funciones), cada uno tiene una responsabilidad gerencial. En su momento se va a establecer todo el circuito desde el que hizo el contacto con el proveedor. Le aseguro que habrá mucha gente que se someterá a la colaboración porque hay quienes han sido utilizados. La mentira tiene patas cortas.

¿Cómo identifican la oferta y aplicación irregular de pruebas rápidas de descarte del coronavirus?

Primero, saludo el apoyo de la ciudadanía que denuncia estos casos. Nosotros hemos intervenido a personas que habían obtenido pruebas rápidas de manera irregular y las aplicaban en la vía pública. Qué garantía había de que esas eran pruebas rápidas certificadas. Imagínense un resultado negativo de una persona que tenga COVID-19. Le puede causar hasta la muerte.

La jefa del Comando COVID-19 dice que los especuladores deben ser juzgados por el delito de traición a la patria. ¿Qué opina usted?

Todo esto es doloroso y lleva a este tipo de opiniones. Subjetivamente, son traidores a la patria porque están lucrando con el dolor humano. En cambio, hay personas solidarias como los que venden oxígeno a 15 soles. Es comprensible la indignación de la doctora Mazzetti.

¿Qué le recomienda a la población que necesita adquirir productos y medicamentos?

Todo lo debe comprar en lugares autorizados. Los medicamentos comprados por Internet deben tener una consideración diferente, nada nos garantiza que sean productos de calidad. Puede ser que compren ivermectina y terminen llevando agua.

¿Qué se toma en cuenta para identificar lugares no autorizados?

Nosotros coordinamos con Susalud y el Minsa. No es que vemos un lugar e intervenimos. Cada quien hace su trabajo. El Minsa revisa las muestras, la municipalidad cierra el local y nosotros nos llevamos a los detenidos. Es un trabajo profesional coordinado.

¿Cómo puede hacer un ciudadano para acudir a la Diviac?

Nosotros vamos a los lugares con nuestros agentes de inteligencia que recaban información. Luego se corrobora y se actúa. La población puede ir a la comisaria o a las unidades policiales, y nosotros trabajamos con inteligencia.

¿Qué trabajo ha hecho la Diviac durante la pandemia?

Desde el día que empezó el estado de emergencia, la Diviac cambió el giro de trabajo que realizaba para cooperar en la lucha contra el COVID-19. Hemos pasado, momentáneamente, de investigar el crimen organizado a investigar bandas comunes. Tenemos un pool de efectivos policiales dedicados exclusivamente a la recopilación de información a través de las redes sociales. Además, tenemos agentes de inteligencia en todo el país.

DATOS

– Entre marzo y junio de este año, la Diviac incautó, en efectivo, S/139,048 y US$1,025. También, 77 explosivos, 2 armas y 38 municiones.

– En lo que va del estado de emergencia, realizaron un total de 488 operativos, retuvieron a 1,321 personas que incumplieron con las medidas de la cuarentena, detuvieron a 141 personas en flagrancia y 23 requisitoriados.

– En el mismo periodo, incautaron 135 kilos de pasta básica de cocaína, casi dos kilos de marihuana, 679 ketes y 8 pacos.

Fuente Perú21

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