El académico David Crocker, experto en ética pública de la Universidad de Maryland (/EEUU) de visita en Lima, propuso la realización de un debate nacional sobre la corrupción para entender la profundidad de sus causas y comprender las diferentes perspectivas.
Crocker sostiene que las entradas a este fenómeno son variadas en función de las especialidades en la academia y los intereses en la sociedad; en tal sentido, se registran propuestas para privilegiar medidas regulatorias, laborales e interdicción, aunque se tiende a dejar de lado la ética cívica.
El especialista postula que es necesario conocer la historia de este fenómeno y aquilatar las razones de fondo de procesos como el de la Región Áncash, es decir, la debilidad de los partidos políticos nacionales, el poder de las actividades extractivas, y un débil proceso de descentralización que ha permitido que el poder sea capturado por mafias.
Es correcta la sugerencia de un debate nacional de un problema transformado en prioritario para la democracia. En la última década, la percepción sobre su importancia para la construcción del futuro se ha incrementado. El año 2004, los sondeos de opinión indicaban que los tres grandes problemas del país eran la pobreza y el desempleo o/falta de trabajo; las recientes mediciones muestran que las dos preocupaciones sociales más agudas son la inseguridad ciudadana y la corrupción.
La lucha del Estado contra este flagelo se ha caracterizado por la intermitencia, el extremo legalismo y la apuesta por la formación de institucionalidades que se creen de efecto mágico. Estos sesgos evitan un abordaje multidisciplinario que solo es posible alcanzar con la revisión previa y exhaustiva del origen de las cosas, es decir, un trabajo de la historia y una mirada a la cultura política de los peruanos.
En los últimos años, algunos acercamientos a la corrupción desde esas perspectivas han sido prometedores, como el texto Psicoanálisis de la corrupción: política y ética en el Perú contemporáneo, de Saúl Peña (Peisa 2003), En los márgenes de nuestra memoria histórica, de Max Hernández (USMP 2012), o Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quiroz (IEP/IDL 2013).
Se tendría que concluir que fuera de estos trabajos y otros estudios, que forman parte de un haz poco consistente de investigaciones y reflexiones sobre la identidad de la corrupción en el Perú, la academia ha sido poco entusiasta con el tema. Esta debilidad no es solo epistemológica sino ontológica; la ausencia en número revela la escasez de interrogantes de cómo hemos llegado a esta situación.
La experiencia pública ha sido más vital que los estudios; luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se llevó a cabo una de las más eficaces campañas contra la corrupción y la impunidad. Decenas de miembros de las FFAA y de la Policía Nacional y ex funcionarios públicos fueron procesados, condenados e inhabilitados, y buena parte de ellos han cumplido y cumplen sus condenas. El Perú es uno de los pocos países de la región que han condenado a un ex presidente a prisión efectiva por delitos de corrupción.
Este impulso se ha extinguido y el cambio de la percepción de la opinión pública lo confirma; la corrupción ha vuelto a sentar sus reales y es probable que esta vez su cobertura sea más amplia y su naturaleza más resistente. Es otra razón para debatir una respuesta nacional.
Editorial La República 18.05.2014
