La tarde del miércoles, la fiscal superior Zoila Sueno Chirinos llegó hasta la sede del Ministerio de Justicia en Miraflores. Lo hizo para consultar sobre el Decreto de Urgencia 102-2021, el cual está en la mira de la Fiscalía de la Nación puesto que, a través de esta norma, el gobierno de Pedro Castillo habilitó el presupuesto para obras transadas con empresas fachada.

En el lugar, la fiscal Sueno, miembro del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, levantó un acta. Este despacho tiene como función ejecutar las investigaciones contra altos funcionarios a cargo de la fiscal de la Nación.

En el acta, a la que accedió Perú21, se deja constancia de que fue recibida por Rafael Rodríguez, actual jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del ministerio. El funcionario le confirmó a la fiscal –y así se lee en el documento– que “para la publicación del referido decreto de urgencia no se emitió ningún informe (legal)”.

Es decir, el Ministerio de Justicia (entonces a cargo del hoy jefe de gabinete, Aníbal Torres) no se pronunció como debía sobre la viabilidad de la tan codiciada norma.

Esta confirmación documentada permite a la Fiscalía inferir sobre el apuro y las torpezas que se cometieron desde el Ejecutivo en su intento por sacar adelante el decreto de urgencia y, con este, agilizar el millonario presupuesto para las obras.

Fuentes del Ministerio Público refieren que, como todo decreto de urgencia, la norma sí debió tener el visto bueno del Minjus. Dentro de su Reglamento de Organización de Funciones (ROF) se establece que debe “asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo emitiendo opinión sobre proyectos normativos”.

“El Minjus es prácticamente la asesoría jurídica del Estado, como corresponde. Y, desde ese punto de vista, de todas maneras, tendrían que haberle pedido un informe al Ministerio de Justicia”, explicó ayer a este diario el constitucionalista Luciano López al remarcar que todos los decretos de urgencia tienen rango de ley.

“Sin embargo, la principal carga de la justificación de la viabilidad jurídica, pero sobre todo de las condiciones extraordinarias y urgentes en materia económica-financiera que llevaban a la necesidad, a la urgencia de dictar el decreto, es del MEF”, agregó.

El Decreto de Urgencia 102-2021 fue publicado el 29 de octubre del año pasado. Y es suscrito por el propio presidente Castillo y por el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado. Ambos ahora son investigados por la Fiscalía de la Nación por integrar una organización criminal que negoció con las obras incluidas en este decreto.

El decreto también fue firmado por Mirtha Vásquez, expremier de Castillo, y por Pedro Francke, exministro de Economía y Finanzas.

COMIENZAN A DESFILAR

Justamente, un día después de la diligencia de la fiscal Sueno, Francke acudió al Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía para rendir su manifestación.

Estaba citado en calidad de testigo. Este diario intentó comunicarse ayer con el exministro; sin embargo, no respondió la comunicación.

Hace unos días, dijo a Perú21 que, en su gestión el MEF, solo habilitó el presupuesto, “pero la selección de proyectos lo realiza cada ministerio”, en referencia al sector de Geiner Alvarado.

Alvarado, en cambio, viene intentando lavarse las manos ante la Fiscalía y tirarle la responsabilidad al MEF. De hecho, fue quien pidió citar a Francke.

Por su parte, la exjefa de gabinete Mirtha Vásquez también estaba citada para el jueves. Sin embargo, no dio la cara. Según respondió a este diario, no acudió debido a que la notificación le llegó dos horas antes de la cita. Vásquez pidió reprogramación.

Ambos ex altos funcionarios deben contar todo lo que saben para conocer la verdad.

DATOS:

Quien también desfiló el jueves por el Ministerio Público fue el exsubsecretario Beder Camacho, quien estaba citado por el caso ‘gabinete en la sombra’.

Sin embargo, la declaración ante el equipo especial finalmente se reprogramó para otra fecha, todavía por definir.

Fuente Perú21

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