Para el Consorcio San Antonio, la Municipalidad Provincial de Chiclayo-MPCh no habría actuado en salvaguarda de sus intereses al no efectivizar la penalidad por más de medio millón de soles contra la contratista César Vallejo por el atraso en el levantamiento de observaciones en la obra de pavimentación en el pueblo joven César Vallejo.
Increíblemente, ahora esta empresa pretende obtener 4 millones 500 mil soles en un proceso de arbitraje contra la comuna.
En ese sentido, el Consorcio San Antonio denunció en la Contraloría General de la República, al alcalde David Cornejo Chinguel, al gerente general Ruperto Castellanos, así como a la procuradora municipal Edit Cancino Gamarra y al ex gerente de Infraestructura Pública, José Mechán Sánchez, por presunta omisión de funciones, rehusamiento y demora en actos funcionales.
EL CASO
El representante del consorcio supervisor, José Gonzales Farroñay, señaló que a la fecha esta obra no ha sido concluida ni recepcionada debido a estos problemas. Lamentó que no se hayan tomado acciones, aún cuando por decisión propia la contratista informó a la municipalidad que hubo 27 días de retraso por el tema de las observaciones. La entidad edil –según el denunciante– no actuó.
Gonzales enfatizó que no fueron 21 días de demora, sino 36 y de acuerdo al reglamento, la entidad edil debió ejecutar las garantías del acuerdo, lo cual no se cumplió.
También afirmó que el 16 de febrero del 2015, la municipalidad resolvió los contratos de la supervisora; pero el 26 de febrero del mismo año los convocaron para la verificación del levantamiento de observaciones. El Consorcio San Antonio no participó por no existir vínculo alguno.
Además cuestionó el silencio administrativo.
Cornejo Chinguel: “Si la Contraloría interviene no tengo problema”
Gonzales enfatizó que la municipalidad al no ejecutar la fianza, más el silencio administrativo conllevó a que la contratista fundamente daños y perjuicios en un proceso de arbitraje.
Por su parte, el alcalde David Cornejo Chinguel manifestó que es un tema administratativo, el cual debe ser resuelto en esta vía. “Si la Contraloría interviene no tengo problema, pues se presentará la documentación que se requiera”, afirmó.
El burgomaestre aseguró que solicitará un informe detallado a la gerencia general. Agregó que el Consorcio San Antonio exige un pago elevado por su labor de supervisión, aún cuando intervino solo en un tramo de la obra que costó 5 millones de soles.
Cabe indicar que existe un proceso de arbitraje por la supervisión por 800 mil soles.
Fuente La República
