El jueves 29 de diciembre último ingresó a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra los exministros de Transportes y Comunicaciones en la gestión del expresidente Pedro Castillo, así como funcionarios públicos de esa cartera, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provias Descentralizado) y los representantes del Consorcio Supervisor Tarata, integrado por Dowhwa Engineering LTD y Carlos Casado SL, cuyo representante legal es Jorge Rómulo Contreras Montoya. Ellos participaron en las distintas etapas del proceso administrativo de selección del Concurso Público n.º 002-2021-MTC/21: “Contratación del Servicio de Consultoría de la Obra: Construcción del Puente Tarata sobre el Río Huallaga, en la Provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martín”, que derivó en el perfeccionamiento del Contrato n.º 056-2021-MTC/21 para la referida supervisión, por los presuntos delitos de colusión, falsedad ideológica y delito tributario.
El caso del Puente Tarata fue uno de los primeros por los que fueron denunciados Pedro Castillo y el prófugo exministro de Transportes Juan Silva; sin embargo, pese a que el proceso tuvo serias irregularidades, según informes de la Contraloría, no se detuvo y siguió en marcha con los diferentes ministros del MTC.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, debido a las irregularidades el proceso debió suspenderse de oficio, pero no se hizo, por lo que las autoridades tendrán que deslindar sus responsabilidades ante el Ministerio Público.
Los ministros denunciados son los que estuvieron en el cargo desde la firma de contrato del Puente Tarata, vale decir del 21 octubre 2021 a la fecha. Ellos son: Juan Silva Villegas (julio 2021 a febrero 2022), Nicolás Bustamante Coronado (marzo del 2022), Juan Barranzuela Quiroga, Geiner Alvarado López, Richard Tineo Quispe, e incluso han comprendido en la denuncia a la actual ministra de Transportes, Paola Lazarte Castillo.
También han sido denunciados los exdirectores de Provias, desde Juan Carlos Edgardo Jacinto Ubillus —encargado hasta el 27/10/21— hasta Francisco Quevedo Mogollón, entre otros funcionarios del sector Transportes; así como los miembros del Consorcio Supervisor Tarata, Jorge Rómulo Contreras Montoya, Jin Man Cheong y Juan Manuel Juez Pérez.
Según la denuncia, para la construcción y supervisión del Puente Tarata, el Estado habría desembolsado casi 75 millones de soles por una obra que no se está ejecutando. Además, advierte que el MTC, en las diferentes gestiones, no tomó en cuenta lo establecido por la Contraloría General de la República, a pesar de que existieron varias irregularidades para suscribir el contrato de la supervisión de la obra, detallados en el informe de contraloría del Ministerio de Transportes.
“Resulta por ello muy extraño que, en enero pasado, hace casi un año, Provías Descentralizado, la unidad ejecutora del MTC, declarase de oficio la nulidad del contrato de ejecución de obra y, sin embargo, siga en pie el contrato de la supervisión de la obra. Esto denota un claro indicio de actos de colusión entre funcionarios del Ministerio de Transporte y los representantes del Consorcio Supervisor Tarata”, dice la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.
Los representantes del MTC y Provías deberán explicar al Ministerio Público las medidas que tomaron al conocerse públicamente los nexos del Consorcio Supervisor Tarata con los hermanos Pasapera Adrianzén y la empresa TERMIREX, integrante del consorcio que iba a construir el puente, que según informes de la Contraloría cometieron irregularidades para ganar la supervisión.
El consorcio para constituir su RUC en la selva y hacerse acreedor a los beneficios de la Ley de la Amazonía consignó un domicilio falso en la provincia de Tocache. El Consorcio Supervisor Tarata está integrado por Dohwa Engineering CO. LTD. Sucursal del Perú y Carlos Fernández Casado S.L. Sucursal del Perú. Ante ello, en enero del 2021 Provías Descentralizado anuló el contrato para la construcción del puente Tarata, ya que las empresas que compitieron eran del mismo dueño.
Fuente La República
