Una investigación de la asociación civil “Vigilia Ciudadana” puso al descubierto un presunto direccionamiento por parte del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) en la reciente adjudicación de la construcción de la presa “Cascapampa” (Huancabamba) valorizada en S/25’693.595.
La asociación sustenta esta denuncia en una ilegal alteración de los Términos de Referencia (TDR) de la convocatoria para favorecer a un postor. Además, el Consorcio ganador carecería de experiencia suficiente para asumir una obra de esta envergadura.
Cabe señalar que la construcción de este importante proyecto ha sufrido retrasos en tres ocasiones, la convocatoria para el proyecto se declaró ‘desierta’; una por licitación pública el 22 de diciembre de 2021 y dos por el procedimiento de adjudicación simplificada el 6 de abril y 26 de diciembre de 2022.
Con el cambio de administración regional este año, el ingeniero Carlos Miguel Cabrejos Vásquez asume como gerente general del Peihap y Ronald Cárdenas Bereche, como gerente de obras y supervisión, sobre este último recayó la responsabilidad técnica del proyecto.
Una de las primeras acciones de Cárdenas Bereche para empezar la nueva convocatoria de la presa fue el intento de modificar los Términos de Referencia (TDR) del proceso, lo que estaba impedido de hacer pues la OSCE establece que, si las razones que motivaron la declaratoria de desierto de un proceso no están vinculadas a los TDR, el contenido de los mismos no puede modificarse.
Es importante recordar que los motivos que dieron lugar a que se declare desierta la convocatoria anterior, estuvieron referidos a que el entonces postor ganador Consorcio Alto Piura, conformado por las empresas Scorpion Contratistas Generales SAC y Multiservicios Punre SRL, se excedieron en el plazo que las normas establecen, para presentar la documentación que dé sustento a su oferta técnica y así firmar el contrato.
Es decir, la causa de que el anterior proceso de adjudicación haya sido declarado “desierto”, no tiene nada que ver con los TDR que dieron sustento a la convocatoria inicial.
Advertido de ello por un informe del especialista en supervisión del Peihap, Javier Ernesto Quinde Quinde, el propio Cárdenas Berehe comunicó a la gerencia de administración que su despacho “ratificaba” los TDR de la construcción de la presa de Cascapampa a fin de continuar la convocatoria y conforme lo establece la normativa vigente.
De ese modo, el último 27 de marzo, mediante el Informe Nº 042-2023/GRP-407000-407600, el gerente de administración del Peihap, recomendó al gerente general recomponer el Comité de Selección y éste, mediante la Resolución de Gerencia General Nº 057-2022/GRP-PEIHAP así lo hizo, poniendo a la cabeza del mismo a Ronald Cárdenas Bereche, además de integrarlo con Javier Ernesto Quinde Quinde (especialista en supervisión) y Juan Carlos Rodríguez Oliva (gerente de administración).
Irregularidades
En este punto, empieza las irregularidades pues pese a que Cárdenas ratificó los TDR originales, sí los modificó, según Vigilia Ciudadana, con la finalidad de bajar la valla para uno de los postores que al final resultó ganador de la adjudicación. Se trata del “Consorcio EMR – INKAPESCA”, compuesto por las empresas Inkapesca Perú Sucursal y EMR Ingeniería y Construccion.
Pero no sólo se realizaron modificaciones sustanciales a los TDR, sino también a las bases administrativas del proceso.
Entre las modificaciones más significativas que se hicieron pese a que la normativa legal se lo impedía, fueron la omisión del certificado de vigencia de poder, expedido por Registros Públicos que no debe tener una antigüedad mayor a treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión [ver documento N°1].
Además, la entidad “no otorgaría ningún tipo de adelantos”, pero se cambió y ahora Inkapesca recibirá un adelanto directo de 10% y un adelanto de 20% para materiales [ver documento N°2]. Para Vigilia esto evidencia que no es un consorcio solvente financieramente o se le quiere favorecer entregándole dinero público.
Por otro lado, en lo referente a requisitos del contratista, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, era de 50% y lo cambiaron por 25% [ver documento N°3], supuestamente para favorecer al integrante del consorcio de menor experiencia.
Asimismo, en el apartado ‘Experiencia del postor por especialidad’, agregaron como obra similar “contención hidráulica” [ver documento N°4], en lo que sí tienen experiencia las empresas que ganaron la adjudicación. Sin embargo, construir presas o represas, no es lo mismo que hacer obras “de contención hidráulica”, por lo tanto, la experiencia del postor no va acorde al objeto de la contratación.
Del mismo modo, se bajó la valla de la solvencia económica de 0.6 del monto del contrato a solo 0.25 y a la vez consintieron que la línea de crédito baje de S/15 millones 416.157 a solo S/9 millones [ver documento N°5].
Finalmente, en el factor de evaluación, se otorgaba 100 puntos al factor precio y se cambió a 95 [ver documento N°6].
“A todas luces un hecho ilegal que debería generar la nulidad de este proceso de adjudicación y poner en alerta al gobernador regional, a la Contraloría y a la Fiscalía Anticorrupción pues se si se tiene en cuenta que quitan requisitos, acomodan la experiencia, bajan monto de línea de crédito y límites de solvencia económica, el direccionamiento es bastante claro”, señala Vigilia Ciudadana.
Antecedentes
Según el portal de Proveedores del Estado, la empresa Inkapesca que conforma el “Consorcio EMR – INKAPESCA”, ha ejecutado obras millonarias en el Perú, principalmente relacionadas con la pavimentación de vías más ninguna relacionada con infraestructura hidráulica de gran envergadura y sólo posee una experiencia en obras de saneamiento), según el portal de proveedores del Estado.
Además, entre el 2019 y el 2021, el Tribunal de Contrataciones del Estado Peruano le impuso cuatro sanciones graves, acumulando 25 meses de inhabilitaciones temporales para contratar con el Estado Peruano. Asimismo, en dos ocasiones le aplicaron multas por un total de S/ 3.1 millones.
Las sanciones que se le impusieron fue por no presentar la carta de fianza correspondiente en los plazos establecidos, brindar información inexacta a entidades peruanas en procesos de licitación y por subcontratar servicios sin autorización de la entidad que la había contratado.
Por su parte EMR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL, fue sancionada y multada junto a INKAPESCA por subcontratar servicios sin autorización de la entidad. EMR recibió una multa de más de un millón de soles el 15 de febrero de 2021.
Del mismo modo, EMR Ingeniería Y Construcción tiene cuatro penalidades ante el OSCE, entre ellas una por demora en la ejecución de obra en la Municipalidad Distrital de Castilla el 2022 y tres en la Municipalidad Distrital de Huarmaca el 2021.
Fuente El Tiempo
