Una denuncia formal advierte posibles irregularidades en el proceso de adjudicación del proyecto “Construcción de captación, planta de tratamiento de agua potable y línea de conducción de las ciudades de Juliaca y San Miguel (Etapa III)”, al señalar un presunto favorecimiento al Consorcio San Miguel durante la evaluación de propuestas.
Según el documento, el comité de selección habría adjudicado el contrato al referido consorcio en un plazo de apenas siete días, lo que contrasta con el tratamiento otorgado a otros postores. En particular, se cuestiona la descalificación de la empresa China Railway 20, cuya propuesta económica era menor en más de 18 millones de soles y cuya evaluación se prolongó por cerca de cuatro meses. Los denunciantes consideran que dicha exclusión fue subjetiva y no basada en los requisitos técnicos establecidos.
Asimismo, se señala que el consorcio ganador —integrado por las empresas Hidalgo e Hidalgo S.A. y Construcción y Administración S.A. CASA— habría presentado experiencias que no cumplirían con los criterios de calificación exigidos en las bases del proceso. Entre las observaciones se indica que varios proyectos presentados no acreditarían de manera conjunta los componentes requeridos, como la construcción de plantas de tratamiento con determinados caudales y líneas de conducción con especificaciones técnicas precisas, incluyendo diámetro mínimo y tipo de material.
El análisis detallado de las experiencias, realizado en la denuncia, concluye que múltiples obras no cumplirían con requisitos clave como el uso de tuberías de hierro dúctil, longitudes mínimas exigidas o la integración de los componentes técnicos solicitados. Incluso se cuestiona la validez de contratos complementarios presentados como experiencia, argumentando que estos constituyen nuevas relaciones contractuales y no deberían sumarse a contratos principales.
Ante esta situación, los denunciantes han solicitado la intervención de la Contraloría General de la República y el pronunciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al considerar que podrían haberse vulnerado principios fundamentales como la transparencia, la libre competencia y el trato igualitario en un proceso financiado con recursos públicos.
El caso pone en el centro del debate la necesidad de garantizar procesos de contratación pública transparentes y rigurosos, especialmente en proyectos de gran envergadura que involucran financiamiento internacional y recursos del Estado.
R.C.M.
Fuente La Decana
