Los malos funcionarios y servidores públicos cada vez son más refinados a la hora de desfalcar al Estado. Así lo calificó el Gerente Regional de Control de Arequipa, Hugo Ponce Cámara.
«Hay algunos procesos en que pesetean los perjuicios. Es decir, ya no van sobre los procesos grandes sino sobre los pequeños, las contrataciones chiquitas. En estas es más difícil hacer seguimiento por el volumen de los servicios», explicó durante la presentación del Informe Balance 2022 sobre la labor de la Contraloría en Arequipa.
Ponce detalló que estas contrataciones son las directas, menores a las ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), en que se exime de un concurso de licitación.
Solo en el 2022, el ente de control encontró a 815 funcionarios y servidores con presunta responsabilidad civil (293), penal (152), administrativa PAS a cargo de la potestad sancionadora de la Contraloría (37) y administrativa a cargo de la entidad pública (333). De ellos, 489 funcionarios se presume que cometieron los tres tipos de responsabilidad. Todo ello fue detectado por 120 informes de control.
Ponce sostuvo que en total se causó un perjuicio de más de S/ 83 millones durante el año 2022. «Es muy difícil que este dinero pueda recuperarse», admitió. Como muestra del millonario perjuicio, se subrayó algunos casos de corrupción.
Un ejemplo es la construcción del parque Jardín del Colca con pérdidas de S/ 5 millones. O los pagos adicionales a la supervisora del proyecto Majes Siguas II con un perjuicio de US$ 2.1 millones. Ambas obras están a cargo del Gobierno Regional de Arequipa. Otro caso es de la Municipalidad Distrital Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná. La construcción de su puente Urasqui causó pérdidas por S/ 3 millones. En la Municipalidad de Lomas (Caravelí) se afectó S/ 1 millón por demoras en la obra de saneamiento en su localidad. En comunas pequeñas como Alca perdieron S/ 500 mil por la obra de mejoramiento de su colegio.
Ponce resaltó que para determinar las sanciones, el Ministerio Público y el Poder Judicial está a cargo de los casos en que se advierte responsabilidades civiles y penales. Mientras que las administrativas por la propia entidad pública. «Sin embargo son un saludo a la bandera (…) Muchos de ellos no tiene el resultado que espera la ciudadanía», admitió.
Además detalló que desde julio 2021 se les retornó su capacidad sancionadora y que muchos de los funcionarios pasarán al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría en este periodo 2023.
La entidad fiscalizadora por ese periodo elaboró 2.041 informes, entre previos (14), de control simultaneo (1272) y de control posterior (733).
Realizarán control de obras hasta su culminación
El Gerente Regional de Control de Arequipa, Hugo Ponce Cámara, anunció que harán informes de control posterior a la culminación de proyectos como la de ciclovías que ejecuta la Municipalidad Provincial de Arequipa. Lo propio del mejoramiento de la carretera Chala-Mollehuaca (Caravelí) a cargo del Gobierno Regional de Arequipa, de la obra de camino vecinal Ocoña-Piuca, de la Municipalidad Provincial de Camaná, del Centro de Investigación, Producción y Enseñanza CIEP Majes de la Unsa y de la construcción de la carretera Ayo – Andamayo de la Municipalidad de Castilla. Mientras que sobre el Plan Nacional de Control 2023 la meta en Arequipa es realizar 895 informes previos, simultáneos y posteriores.
Fuente La República
