La Contraloría General de la República identificó irregularidades en la adquisición, recepción y conformidad de 100 garruchas (patas tipo acero) para camas del Hospital Santa María del Socorro de Ica, y precisó que el proveedor no cumplió con entregarlas físicamente y posibilitó el pago de 11,200 soles a su favor.
A través de un servicio de control específico en el Hospital Santa María del Socorro se detectó que el producto fue entregado prácticamente tres meses después de acuerdo a los resultados del trabajo realizado por los auditores de la Contraloría.
Según la documentación del hospital, las garruchas fueron recepcionadas, se les otorgó la conformidad y se distribuyeron, sin embargo, ello no se sujeta a la realidad, toda vez que se ha evidenciado que el proveedor no cumplió con entregar el producto físicamente, dando lugar a la continuidad del trámite de pago, el que se efectuó el 1 de junio de 2021 por la suma de 11, 200 soles.
El Informe de Control Específico N° 032-2021-2-5340 señala que el ingreso de garruchas se efectuó el 26 de agosto de 2021, según lo registrado en el cuaderno de vigilancia del hospital y fueron once cajas recibidas, las cuales no contaron con guía de remisión que indique su contenido.
Además, no fueron recepcionadas por el área usuaria, quien, a pesar de formular su pedido, considera que su necesidad no es de prioridad por contar con stock.
Ello afectó el normal funcionamiento de la administración pública y los principios de probidad e idoneidad con los que deben actuar los servidores públicos.
Por estos hechos, se reveló que el exjefe de logística y dos funcionarios que ocupan el cargo de jefe de la unidad de mantenimiento y el responsable del área de almacén central en la entidad, tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa.
Los resultados del servicio de control específico -que comprendió el periodo del 21 de mayo 2020 al 1 de octubre 2021- fueron notificados al titular del Hospital Santa María del Socorro de Ica para el deslinde de las responsabilidades respectivas, y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales que correspondan.
Fuente Andina
