El Poder Judicial de Lima Sur dictó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro funcionarios de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), tras ser acusados como presuntos miembros de la organización criminal «Los ingeniosos del Sur», dedicada a direccionar y sobrevalorar precios en diversos procesos de adquisición y contratación directa para la mencionada casa de estudios.
El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur formalizó la denuncia penal contra siete funcionarios de dicha casa de estudios por el delito de organización criminal en agravio del Estado.
La medida fue dictada contra el jefe de la Unidad de Abastecimiento del año 2019, Roberto Justo Tejada Estrada y los funcionarios Nelson Reyna Vásquez, José Alberto Avalos Manco y Jorge Iván Canales Quin.
La fiscal provincial Lupe Raquel Dextre López, con el apoyo del fiscal adjunto provincial Pedro Manuel Concha Pimentel, sustentaron el requerimiento de la prisión preventiva contra un total de siete implicados acusados por cometer diversos actos de corrupción que se habrían cometido en el periodo 2018-2019, durante la adquisición de bienes y servicios entre otros, requeridos por la referida Universidad.
Mientras que, al director general de Administración de la Untels, Giancarlo Valer Enciso, presunto líder de la organización criminal, se impuso la medida de detención domiciliaria; la cual que fue impugnada por la fiscalía para que sea resuelta por la instancia superior jerárquica.
En el caso de la investigada Edith Velásquez Ccente se ordenó mandato de comparecencia restricciones e impedimento de salida del país.
Quedó pendiente la audiencia de prisión contra el jefe de Planeamiento y Presupuesto Renzo Agusto Bernal Negreiros.
Según la investigación por el delito de organización criminal, se habría producido una concertación indebida entre funcionarios y personas ajenas a la institución educativa para beneficiar a un grupo exclusivo de empresas proveedoras con todos los requerimientos y regularizando posteriormente los documentos para dar una apariencia de legalidad.
Los elementos de prueba sustentados en audiencia virtual fueron resultado del trabajo coordinado con la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior.
Entre ellos figuran las escuchas telefónicas en línea que fueron determinantes para el obtener la orden de detención preliminar con allanamiento y descerraje de las viviendas de los involucrados, llevada a cabo el 13 de octubre pasado.
Fuente El Popular
