El titular de la Comisión Presidencial de Integridad, Eduardo Vega, tiene menos de 45 días para presentar sus propuestas de lucha contra la corrupción. Para ello, indica, recabará opiniones de diversas instituciones y de los mismos ciudadanos. Señala que corresponderá al Ejecutivo implementar las medidas.
¿No le corresponde a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción hacer el trabajo que le han encargado a ustedes?
Esta comisión surge como una reacción a hechos graves que se produjeron con el ex asesor Moreno. El presidente decide llevar adelante cinco medidas, dentro de ellas la creación de una comisión nacional anticorrupción, con el encargo de proponerle medidas concretas que puedan implementarse para luchar de manera efectiva contra la corrupción. Esta comisión no reemplaza a ninguna de las instancias que existe en el Estado.
¿La creación de esta comisión es una reacción desesperada ante el escándalo Moreno?
No voy a responder preguntas de ese tipo. Los miembros de esta comisión son personas de alta trayectoria democrática que buscamos dar una contribución al país para darle un conjunto de propuestas y recuperar la confianza. Somos un órgano autónomo e independiente. No vamos a recibir remuneración. Eso nos da independencia.
Anteriores gobiernos dieron medidas de lucha anticorrupción, como nombrar un zar, ¿en qué se va a diferenciar su trabajo?
Soy consciente del escepticismo que hay ante todo tipo de comisiones porque, efectivamente, tienden a dilatar un problema. La diferencia es que este es un mandato bastante corto y tiene que proponer un mecanismo de seguimiento e implementación y de medición que efectivamente se está luchando contra la corrupción. Llegado el día 45 entregaremos nuestras propuestas y corresponderá al Ejecutivo y al Estado implementarlas.
¿No resultará corto el tiempo para recoger propuestas?
No partimos de cero, hay muchos estudios. No vamos a hacer diagnósticos sino utilizaremos esos diagnósticos. En las audiencias queremos la indignación de la ciudadanía.
¿Tendrá un acercamiento con el Congreso?
Sin duda le pediré una cita a la presidenta del Congreso y a otras altas autoridades como el Fiscal de la Nación, el Contralor General de la República.
¿Sus propuestas podrían ser asumidas en el marco de las facultades otorgadas al Ejecutivo?
Efectivamente, puede haber algunas propuestas que se puedan implementar dentro de la delegación de facultades, pero nuestra mirada debe ir más allá de esto.
¿Qué medidas se pueden dar para funcionarios investigados o con antecedentes por corrupción como los asesores de la ministra de Salud, Patricia García?
En la lucha contra la corrupción hay que dar señales muy severas. En esa línea se inscribe la ley de inhabilitación de funcionarios. Dar señales claras de que no se permitirá la impunidad. En relación con Salud, el presidente ha pedido que se revisen todos los entornos de los altos funcionarios. Le corresponderá a la ministra de Salud tomar la decisión que considere.
¿Tiene alguna propuesta para facilitar la denuncia de los ciudadanos?
Vamos a trabajar en cinco grandes áreas. Un área que hay que fortalecer es la denuncia ciudadana. Cómo proteger al que denuncia. Es un tema muy sensible. Muchas veces no se denuncia porque se considera que no va a haber respuesta.
¿El caso Moreno es un ejemplo de que falta implementar filtros para tener funcionarios transparentes?
Sin duda. Moreno nunca debió estar en el Estado. Y los mecanismos para detectar este tipo de casos no funcionaron y tuvo que ocurrir este hecho para darnos cuenta de cómo opera la corrupción. Lo que yo temo es que este caso Moreno no es el único, que existen muchos casos Moreno y tenemos que tener un sistema efectivo que pueda detectarlos y separar a ese tipo de personas de la administración pública.
Fuente La República
