El Poder Ejecutivo se comprometió a acoger dos propuestas de decreto de urgencia de la Contraloría General de la República para elevar el estándar de transparencia de los actores en contrataciones públicas.
“Necesitamos un quiebre real y efectivo contra la corrupción, pasar de palabras a los hechos con medidas concretas y efectivas. El compromiso va más allá de las palabras”, señaló el presidente Martín Vizcarra, durante la inauguración de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAII 2019 “Detección de la corrupción: Herramientas y estrategias para la acción”.
Según Vizcarra, el gobierno apuesta por una política de integridad que priorice la prevención, promueva la honestidad, la transparencia y ponga por delante los intereses generales antes que los individuales.
Sostuvo que falta una efectiva toma de conciencia de diversos actores políticos y empresariales sobre los daños que genera la corrupción.
Según el contralor Nelson Shack, el objetivo es prevenir la corrupción y prevenir posibles conflictos de interés.
Shack precisó que uno de los proyectos permitirá un mayor nivel de transparencia de las personas (naturales o jurídicas) que están vinculadas a los procesos de contrataciones públicas, en los mecanismos de solución de controversias y en la defensa de los intereses del Estado.
Entre ellos, árbitros, supervisores de obra, proyectistas y procuradores públicos, quienes deberán presentar sus declaraciones juradas en el Sistema de Declaraciones Juradas de Conflictos de Interés de la Contraloría.
Dicha propuesta regulará la participación de los supervisores de obra quienes tendrían que presentar obligatoriamente una Declaración Jurada de Intereses y serían solidariamente responsables con el contratista por la calidad de la obra que supervisan.
“Cuando hay irregularidades en una obra pública, con frecuencia, hay colusión entre el supervisor, el contratista y el funcionario deshonesto. Ese triángulo colusorio hay que romperlo”, apuntó Shack.
Obras por administración directa
El segundo proyecto regulará la ejecución de obras públicas por administración directa; es decir, aquellas que son ejecutadas por la misma entidad con su propio personal y maquinarias.
En este caso, se definen los requisitos mínimos que debe tener la entidad para ejecutar una obra bajo esta modalidad y también se propone que estos proyectos reciban un acompañamiento a través del control concurrente que tiene un carácter más preventivo.
“La ejecución de las obras por administración directa debería ser la excepción y no la regla. La evidencia empírica dice que estas obras con frecuencia tardan años y, a veces, hasta décadas en concluirse. En ocasiones, hay una clara malversación de fondos porque no está debidamente regulado”, señaló el contralor.
Fuente Perú21
