El Contralor, Nelson Shack Yalta, informó que ha presentado dos propuestas de Decreto de Urgencia al Poder Ejecutivo orientadas a elevar el estándar de transparencia de los actores en las contrataciones públicas y prevenir la corrupción y posibles conflictos de interés, mejorando la eficiencia en la ejecución del gasto público.
Este anuncio lo hizo durante la inauguración de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAII 2019 “Detección de la corrupción: Herramientas y estrategias para la acción” que congregará entre el 2 y 3 de diciembre a más de dos mil participantes nacionales e internacionales.
Shack Yalta precisó que uno de los proyectos permitirá que haya un mayor nivel de transparencia de las personas (naturales o jurídicas) que están vinculadas a los procesos de contrataciones públicas, en los mecanismos de solución de controversias y en la defensa de los intereses del Estado.
Entre ellos, árbitros, supervisores de obra, proyectictas y procuradores públicos, quienes deberán presentar sus declaraciones juradas en el Sistema de Declaraciones Juradas de Conflictos de Interés de la Contraloría.
“Planteamos elevar la transparencia de los actores que participan en contrataciones públicas estableciendo el deber de presentar su declaración de intereses en el sistema de la Contraloría, una plataforma potente que interopera con casi 20 bases de datos de manera directa e inmediata, única capaz de hacer eso en el Estado”, aseguró Shack.
Dicha propuesta regulará apropiadamente la participación de los supervisores de obra quienes tendrían -de aprobarse la iniciativa- que presentar obligatoriamente una Declaración Jurada de Intereses y serían solidariamente responsables con el contratista por la calidad de la obra que supervisan.
“Cuando hay irregularidades en una obra pública, con frecuencia, hay colusión entre el supervisor, el contratista y el funcionario deshonesto. Ese triángulo colusorio hay que romperlo”, destacó.
Obras por administración directa
El Contralor explicó que el segundo proyecto regulará la ejecución de obras públicas por administración directa, es decir, aquellas que son ejecutadas por la misma entidad con su propio personal y maquinarias.
En este caso, se está definiendo los requisitos mínimos que debe tener la entidad para ejecutar una obra bajo esta modalidad y también se está proponiendo que estos proyectos reciban un acompañamiento a través del control concurrente que tiene un carácter más preventivo.
“La ejecución de las obras por administración directa debería ser la excepción y no la regla. La evidencia empírica dice que estas obras con frecuencia tardan años y, a veces, hasta décadas en concluirse.
En ocasiones, hay una clara malversación de fondos porque no está debidamente regulado”, señaló tras comentar que muchas de las obras que ahora están paralizadas se ejecutaron bajo esta modalidad.
En otro momento, Shack Yalta informó que este 2019, la Contraloría General está absorbiendo los Órganos de Control Institucional (OCI) de todos los Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Gobiernos Distritales de Lima y Callao, y de las 60 municipalidades distritales con mayor presupuesto a nivel nacional.
“En el cierre del Bicentenario de la Independencia, todas las OCI tendrán mayor autonomía e independencia en el ejercicio de control gubernamental”, remarcó.
Fuente Andina
