El Poder Ejecutivo observó la ley aprobada por el Congreso de la República que establece medidas para la expansión del control concurrente y dota a la Contraloría General de la República de un financiamiento de hasta el 2% del valor total de una obra que excede los diez millones de soles, desde su formulación y evaluación.
En un oficio enviado por el presidente Francisco Sagasti y su primera ministra, Violeta Bermúdez, se señala que la norma afecta la autonomía de los gobiernos regionales y locales que les otorga la Constitución.
“Además, la Autógrafa de Ley no cuenta con mayor justificación normativa ni el análisis de proporcionalidad, de acuerdo a (lo) señalado por el Tribunal Constitucional, para poder determinar la legitimidad de dicha restricción a la autonomía regional y municipal”, detalla.
Asimismo, el Ejecutivo precisa que la norma tiene iniciativa de gasto e implicaría asignaciones presupuestarias del Gobierno en cada ejecución de inversión que supere los 10 millones de soles, por ende un gasto público.
También se argumenta falta de justificación de la necesidad de las propuestas contenidas en la ley aprobada, pues “no se ha realizado una adecuada fundamentación jurídica que justifique la medida de expandir el mecanismo de control gubernamental en las obras públicas, inversiones y cualquier iniciativa de contratación de bienes y servicios que superen los diez millones de soles, obligando a los pliegos del gobierno nacional, regional y local a destinar hasta el 2% del valor o monto invertido”.
Del mismo modo, refiere que el control concurrente, al ser una actividad permanente de los órganos del Sistema Nacional de Control, “no constituye gastos de inversión sino concierne a la operación para el funcionamiento de los mismos, por lo que su financiamiento debe corresponder a gasto corriente”.
Otro punto que cuestiona el Ejecutivo es que la autógrafa de ley es “innecesaria” respecto a la emisión de una norma expresa para la participación y el financiamiento de la Contraloría General de la República, para la implementación del control concurrente en los proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos (OxI).
Cabe indicar que la norma aprobada por el Congreso, “para aquellas inversiones que se encuentren en fase de ejecución, los pliegos quedan facultados a financiar este mecanismo de control con cargo a su presupuesto institucional de gastos de capital, sin demandar recursos adicionales al tesoro público”.
La norma había sido aprobada por el Pleno del Parlamento el pasado 16 de junio con 105 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; y seguidamente se le exoneró de segunda votación.
Fuente El Comercio
