El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia (Minjus), presentó este martes un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el mismo que busca resolver un problema surgido a inicios de 2017, cuando se instauró la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al amparo de las facultades delegadas al Ejecutivo por el Congreso, la gestión del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski creó —a través del Decreto Legislativo 1353, en enero de 2017— esta autoridad nacional como parte de la lucha contra la corrupción; sin embargo, su instauración fue cuestionada porque presentaba un problema: su falta de autonomía.
Para la creación de este ente, el Ejecutivo había convocado a una comisión conformada por expertos, que entregó un proyecto cuyas propuestas no fueron tomadas en su totalidad por el Gobierno. De hecho, Marisol Pérez Tello, entonces titular del Minjus, dijo que entendía la desazón de los miembros de este grupo de trabajo porque solo se había empleado un 70% de lo que se planteó originalmente.
“Esta comisión preparó un documento, pero la versión final del documento, que generaba una autoridad autónoma, no fue tomada como tal por el Ejecutivo y se creó una versión cambiada, con una autoridad que no era autónoma”, explica hoy Erick Iriarte, el experto en derecho informático que integró dicha comisión.
Iriarte sostiene que dicho documento original convertía a la autoridad en un organismo público técnico especializado, similar a Indecopi, algo que ahora retoma este nuevo proyecto. “Con esta coyuntura de corrupción y falta de transparencia, el Ejecutivo recuperó el informe final de la comisión y lo ha convertido en este proyecto de ley”, agrega Iriarte en diálogo con La República.
Según el especialista, básicamente esta nueva propuesta legislativa otorga las mismas funciones al Sistema Nacional que ya venía cumpliendo la Autoridad Nacional, con la gran diferencia que será un ente totalmente autónomo, de tal forma que no dependa política ni económicamente de ningún sector, “algo que le dará mayor posibilidades para realizar investigaciones”.
“De aprobarse este proyecto, la Autoridad Nacional se potenciará. Va a tener un mayor poder porque se está creando un sistema nacional autónomo, sin una mayor injerencia política. […] Están transformándola de una simple oficina a un ente como Indecopi”, refirió.
Competencia para desclasificar información
Uno de los cambios que permitirá este proyecto es sobre la información declarada confidencial. Mientras que la autoridad no puede ordenar su desclasificación, a pesar de que la ilegalidad sea evidente, el sistema nacional, al retomar su propuesta inicial, sí tiene entre sus competencias desclasificar esta información declarada confidencial de forma irregular.
“Si todos en el Congreso creen en la transparencia y se rasgan las vestiduras hablando de transparencia, este proyecto debería ser aprobado rápidamente por el Legislativo. Nadie que esté a favor de la lucha contra la corrupción, puede oponerse a este proyecto”, aseveró el especialista.
Este nuevo proyecto permitirá al Sistema Nacional de Transparencia, entre otros, sancionar a los funcionarios que incumplen con entregar información pública a los ciudadanos.
Fuente La República
