Lima, set. 8. El Gobierno propuso mecanismos de protección e incentivos para denunciantes de casos de corrupción y la inhabilitación temporal para ingresar al sector público de condenados por delitos contra la administración pública en el proyecto de facultades legislativas presentado al Congreso.
Según el planteamiento presentado esta tarde por el Poder Ejecutivo, “la protección debida del denunciante, así como el establecimiento de incentivos lograrán optimizar los canales de denuncia, contribuyendo a la eficacia del sistema anticorrupción”.
Con estas medidas se espera alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: establecer mecanismos de denuncia que permitan el anonimato de la fuente, así como medidas de protección para los denunciantes.
Asimismo, otorgar incentivos para ciudadanos que, en el trámite de procesos administrativos de licencias o contrataciones, (donde se advierte la mayor cantidad de casos de corrupción), lleven a cabo la denuncia de los mismos. Por último, generar mayor capacidad de denuncias.
Otra de las medidas contempladas está la de modificar el Código Penal para inhabilitar temporalmente de ingresar al sector público a los condenados por los delitos previstos contra la Administración Pública.
“A la fecha, ningún delito contra la administración pública conlleva a la sanción de no poder trabajar, temporalmente, en el sector público”, por eso se propone hacer precisiones en el CP.
Transparencia y Acceso a la Información
También, el Gobierno planteó la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales en aras de garantizar a nivel administrativo la eficacia del derecho al acceso a la información, así como crear un sistema de sanciones para aquellos funcionarios que entorpezcan la entrega o sean renuentes a entregarla.
Dentro de las funciones de la citada Autoridad se encontrará la de administrar y supervisar el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, resolver las reclamaciones formuladas por los titulares de datos personales en tutela de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, refiere el proyecto del Ejecutivo.
Registro de sanciones
El Ejecutivo, además, planteó la creación del registro de sanciones impuestas a los abogados a nivel nacional, que aspira a convertirse en un instrumento de transparencia y buenas prácticas de la abogacía en el Perú.
Dicho instrumento será de libre acceso para que la ciudadanía tenga a su disposición información sobre la materia, que ayude a tomar una decisión adecuada al momento de optar por la contratación de un abogado. El citado registro puede funcionar como una base de datos sobre el ranking de los nuevos abogados graduados.
Fuente Andina
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