Camillas para intervenciones quirúrgicas de segunda mano, camas con ruedas faltantes, colchones con manchas oscuras, entre otras deficiencias encontraron las autoridades del Hospital Militar de Arequipa cuando recibieron equipos y mobiliario médico que recientemente había adquirido la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud del Ejército IAS-FOSPEME.
El caso motivó la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y de un equipo de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), que constaron en el mismo nosocomio que los bienes adquiridos en condición de nuevos, presentaban notorias evidencias de haber sido usadas.
La investigación fiscal por el presunto delito de colusión alcanza al director del Hospital Militar de la III División del Ejército con sede en Arequipa, el coronel EP Antonio Cuya Basurco, y al director de la IAS-FOSPEME, coronel EP Fernando Muñoz Jara.
También han sido comprendidos el presidente y los miembros del Comité de Selección que contrató dos veces al Consorcio Illaring Sami-DDM Medical, que vendió los equipos en malas condiciones. Ellos son la mayor EP Yurina Góngora Villena, la capitán Patricia Casós Rondán y la enfermera Marcela Espinoza Tejada.
El comité le dio la buena pro al Consorcio Illaring Sami-DDM Medical, el 15 y 18 de octubre de este año.
Indignante engaño
Las autoridades también han puesto bajo observación una tercera adjudicación otorgada a la empresa Janmel Medical, que fue la única que se presentó, el 11 de noviembre de este año. En esta ocasión el comité estuvo compuesto por la mayor EP Yurina Góngora Villena, el comandante EP César Luque Mendoza y la enfermera Lupe Villanueva Paredes.
Las tres compras alcanzaron la suma de 1 millón 175 mil 479 soles.
Lo sucedido en el Hospital Militar de Arequipa es el segundo incidente de corrupción que se registra en el Ejército, después que la semana pasada fueron comprendidos 4 generales y una veintena de oficiales y subalternos en la venta ilícita de vales de combustible.
De acuerdo con un informe del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, a cargo de la fiscal Marita Cueva Ojeda, en el proceso de contratación existió desde el comienzo interferencias con el objetivo de favorecer a las proveedoras que finalmente obtuvieron la buena pro.
Por ejemplo, las especificaciones técnicas originales fueron cambiadas para que encajaran con los bienes ofertados por las empresas.
Cuando se le preguntó a la mayor EP Yurina Góngora porqué se le había dado la buena pro dos veces al Consorcio Illaring Sami-DDM Medical, respondió: “Resultó ganadora porque era la única que cumplía con los requerimientos”. Sin embargo, no se abrieron los sobres de las propuestas de otros proveedores. Se trataba de un evidente indicio de favoritismo, que se comprobaría cuando el mobiliario y el equipamiento médico llegó al Hospital Militar de Arequipa. Evidentemente, no cumplía con las exigencias técnicas.
“Cuando el personal de turno el 19 de noviembre se da cuenta que las camillas no tenían apariencia de nuevas, se ordena el desembalaje de todo el material había llegado para verificar si otros equipos o mobiliarios estaban en malas condiciones”, señala el informe de la fiscalía arequipeña a la que tuvo acceso La República: “Las camillas tenían las llantas rotas, las partes metálicas estaban con oxidación, los manubrios tenían la pintura desgastada y las colchonetas presentaban diferentes colores y con escrituras”.
El representante de la proveedora, José Samanes Reátegui, fue convocado para que diera explicaciones. Ofreció no cambiar el equipo por otro de primera mano sino hacer refacciones para que “quede como nuevo”.
En la misma arribó el resto del equipamiento. Fue mucho peor. “Las camas de recuperación evidentemente no eran nuevas y los colchones estaban con manchas. No tenían etiquetas y estaban desgastados. El señor José Samanes volvió a indicar que las iba a dejar como nuevas”, seña el informe de la fiscalía.
Ante estos hechos el personal médico decidió revisar todo lo que se le había comprado al Consorcio Illaring Sami-DDM Medical. “Se detectó que los equipos no estaban completos, faltando varias partes. Los materiales de los equipos médicos estaban desgastados y con diferente color”, indica el informe de la fiscalía.
El 25 de noviembre se hizo una nueva verificación con la que quedó plenamente comprobada la estafa: «Se detectó que debajo de las etiquetas donde decía como fecha de fabricación el año 2019, había otras viejas donde se indicaba que habían sido fabricadas en los años 2000, 2007 y 2008». ¿Los perjudicados? Los efectivos militares y sus familiares.
El dato
De acuerdo con los testimonios recogidos por la fiscalía, la biotecnóloga Karen Cruz, interfirió en el proceso de contratación del Consorcio Illaring Sami-DDM Medical.
Karen Cruz labora como asesora del jefe del Comando de Salud del Ejército (COSALE), general de brigada EP Orestes Vargas Ortíz.
Fue la jefa del Centro Quirúrgico, capitán EP Patricia Casós Rondán, quien informó sobre las deficiencias del equipamiento al director del Hospital Militar, coronel EP Antonio Cuya Basurco.
Fuente La República
