Era el 16 de agosto del 2013. César Álvarez, entonces todopoderoso gobernador regional de Áncash, atravesaba en una 4×4 por primera vez, a ritmo de huaino, el túnel de la carretera Chacas-San Luis-Carhuaz, a 4.738 m.s.n.m. en la Cordillera Blanca.

Lo acompañaba una caravana de obreros con cascos de la constructora Odebrecht, simpatizantes con banderas amarillas de su movimiento regional Cuenta Conmigo, periodistas y pobladores. Era un significativo día para Álvarez, o ‘La Bestia’, como lo llamaban sus opositores: después de tres años, estaba listo el corredor trasandino más alto del mundo, una de sus principales promesas de campaña.

Los ciudadanos del Callejón de Los Conchucos y de Huaylas desbordaban de alegría y, entre lágrimas, agradecían a Álvarez por haber hecho realidad el proyecto: una vía de 1.800 metros de longitud que atravesaba las faldas del Huascarán.

Álvarez dijo que la obra, una proeza de alta ingeniería, iba a ayudar a mejorar la calidad de vida en las provincias de Asunción, Carlos Fermín Fitzcarrald y Carhuaz, que, de acuerdo con el INEI, presentaban un índice de pobreza de entre 35% y 52%. Además, que su creación significaría atraer a más de 40 mil turistas por temporada e impulsaría el agro.

—El violento 2010—

Tres años antes de aquel evento, la carretera, que aún no había sido licitada, enfrentaba sus primeros cuestionamientos. El ex consejero regional de la provincia del Santa Ezequiel Nolasco y el abogado Gilmer Asís Ortiz denunciaron públicamente que la obra tenía un problema de origen: provenía de un paquete de proyectos sobrevalorados en más de S/300 millones (de un total de S/800 millones) producto de un convenio firmado en junio del 2010 entre Álvarez y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El acuerdo establecía que la OEI se encargaría del proceso de selección y licitación del paquete de obras, entre ellas la carretera Chacas-San Luis-Carhuaz. Según Nolasco, el trasfondo era eludir los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

José Sánchez Milla, quien reemplazaba a Álvarez en el gobierno regional porque este había salido de licencia para postular a la reelección, también se mostraba crítico al convenio. Junto con Nolasco estaba a favor de que el Consejo Regional de Áncash lo suspendiera. El 12 de julio del 2010, siete días después de jurar como gobernador interino, Sánchez Milla fue asesinado en una carretera rumbo a Chimbote. Ocho días después, dos sicarios intentaron matar a Nolasco.

Pese a que las sospechas apuntaban a Álvarez, este ganó la reelección en octubre de ese año y el acuerdo se mantuvo y con él la construcción del túnel. Una vez en el poder, Odebrecht ganó la buena pro de la obra (noviembre del 2010) valorizada en S/404 millones. ‘La Bestia’ estaba en la cima de su popularidad y ya tenía claro cuál sería su próximo objetivo: la Presidencia de la República.

—La detención—

Nolasco fue asesinado el 14 de marzo del 2014 de tres balazos en la cabeza cuando regresaba a Chimbote desde Lima. Dos meses después, la justicia ordenó el arresto de Álvarez al considerar que habría dado la orden del crimen. Luego se dispuso su prisión preventiva y fue internado en el penal de Piedras Gordas.

Pero la historia de corrupción detrás del túnel se mantenía en secreto. Por entonces, los sobornos de Odebrecht eran una leyenda.

Además del asesinato a Nolasco, Álvarez fue investigado por múltiples casos de corrupción durante su gestión, agrupados bajo el denominado Caso ‘La Centralita’. La investigación, por su complejidad y por la conmoción nacional que había generado, fue trasladada a Lima.

En abril del 2015, el fiscal anticorrupción Elmer Chirre asumió el caso en reemplazo de su colega Marco Huamán.

—La delegación brasileña—

La presunta organización criminal de Álvarez fue desmontada y algunos de sus miembros se acogieron a la colaboración eficaz. A fines del 2015 e inicios del 2016, ellos empezaron a hablar con el fiscal, aunque no daban información detallada.

Entre las generalidades que decían, mencionaban a un grupo de “barbudos” y a una delegación brasileña que viajó a Chimbote y Huaraz en el 2007. El detalle que dieron fue que esta comitiva llegó en un vuelo privado de ATSA.

El fiscal Chirre dispuso ir a Córpac y buscar todos los vuelos del 2007 con el itinerario Lima-Huaraz-Chimbote-Lima, y preguntarle al Gobierno Regional de Áncash si tenían registrada la visita de una delegación brasileña.

Luego de meses de cotejar vuelos, los fiscales hallaron uno del 28 de noviembre del 2007 que calzaba con la versión. Lo siguiente fue preguntarle a la empresa a quiénes transportaron ese día. ATSA entregó una factura con el nombre de quien contrató sus servicios: la constructora Odebrecht. Mientras tanto, en Áncash el único dato registrado eran tres palabras: presentación de proyecto. ¿Para qué obra viajó la delegación?

El fiscal consiguió nuevos colaboradores que le informaron que Dirsse Valverde, ex subgerente de la Gerencia de Infraestructura de Áncash, y por entonces prófugo por el Caso ‘La Centralita’, había trabajado para Odebrecht como consultor.

Además, le contaron que en el 2007 se reunieron el empresario dominicano Fortunato Canaán, Raymundo Trindade, ex gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, y Álvarez en el Country Club de San Isidro. El círculo se iba cerrando. Chirre preguntó a la empresa si Valverde había trabajado para ellos. Semanas después llegó la respuesta afirmativa.

Todo cambió a partir del 21 de diciembre del 2016. Ese día, la constructora reconoció en una corte de Nueva York que pagó millonarios sobornos en el Perú y otros 11 países de América Latina y África para asegurar contratos. La empresa inició conversaciones con la fiscalía peruana para dar información.

A inicios del 2017, Chirre pidió una reunión con los abogados de la constructora. Ellos reconocieron que Odebrecht pagó US$2’400.000 en sobornos para hacer el túnel a través de Dirsse Valverde. Para iniciar un proceso de colaboración eficaz, el fiscal exigió el cheque con el que pagaron la coima. De lo contrario, incluiría a la empresa en el caso. Horas después, llegaron con cuatro transferencias del Departamento de Operaciones Estructuradas a una cuenta ‘offshore’ en Hong Kong vinculada a Valverde.

Lo leído hasta acá forma parte de la acusación del fiscal en la que pide 8 años y tres meses de prisión para Álvarez por colusión agravada. Mañana martes, la jueza Nayko Coronado Salazar pondrá fin a esta historia con la primera sentencia del Caso Odebrecht.

Fuente El Comercio

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