Durante siete años, la Empresa de Seguridad Vigilancia y Control S.A.C. (ESVICSAC), la que más contratos ha celebrado con el Estado en su rubro, ha logrado vender sus servicios gracias a una resolución judicial falsificada que presentó al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
La falsa resolución dejó sin efecto la sanción de inhabilitación temporal para contratar con el Estado, que le había impuesto el Tribunal de Contrataciones del Estado.
Engañando al Estado
El caso se remonta a diciembre del 2005, cuando ESVICSAC participó como postor en un concurso público convocado por Petroperú para contratar los servicios de seguridad y vigilancia privada para sus instalaciones del terminal Bayóbar, en Piura por un valor de 1 millón 739 mil soles.
Entre la documentación adjuntada en el proceso de selección, la empresa entregó información falsa. Según ESVICSAC, su trabajador Carlos Ríos Lamas, propuesto como supervisor del servicio, era un ex policía dado de baja a su solicitud. Luego se descubrió que en realidad, Ríos había sido retirado de la institución por medida disciplinaria.
Al percatarse del engaño, el Tribunal de Contrataciones del Estado inició un proceso administrativo sancionador que culminó, en agosto del 2006, con la inhabilitación de ESVICSAC para contratar con el Estado durante un año.
Para traerse abajo la inhabilitación temporal, los representantes de ESVICSAC presentaron ante la OSCE una resolución judicial falsificada que supuestamente había sido emitida por el 35° Juzgado Especializado en lo Penal de Lima.
Contratos millonarios
La resolución ordenaba al Tribunal de Contrataciones del Estado suspender el procedimiento sancionador contra la empresa de seguridad. OSCE aceptó el documento y levantó la inhabilitación. ESVICSAC seguía apta para hacer negocios.
Recién siete años después, en el 2013, que OSCE pudo determinar la falsedad del documento judicial.
Durante el tiempo que operó con documentos falsos, ESVICSAC logró adjudicarse 439 licitaciones para dar el servicio de seguridad y vigilancia a instituciones como Essalud, Sunarp, Sunat, Academia de la Magistratura, Contraloría, Aduanas, Editora Perú y ministerios como el de Transportes, Educación y Defensa, entre otros.
Llegó a facturar hasta 318 millones de soles. OSCE denunció a ESVICSAC y dos funcionarios de la empresa de seguridad ante el Ministerio Público por la resolución judicial falsa presentada y activó el procedimiento administrativo sancionador del 2006.
Nuevo proceso
El Ministerio Público denunció al representante legal Álvaro Sebastián Paoli y a la abogada Rosa Vivas Ordinola, además incluyó a ESVICSAC como tercero civilmente responsable por la falsificación de documentos públicos ante el 30 Juzgado Penal de Lima. El Poder Judicial inició el proceso contra estas personas.
Con la finalidad de seguir conservando su habilitación, ESVICSAC recurrió al Poder Judicial, esta vez sí en forma real, para pedir la anulación de la sanción interpuesta por el tribunal de OSCE. Mientras decide sobre la demanda, el 16 Juzgado Contencioso Administrativo de Lima le otorgó una medida cautelar que le permitió seguir contratando.
Medida cautelar
En mayo del 2015, el 16° juzgado declaró infundada la demanda de ESVICSAC y canceló la medida cautelar. La resolución dejaba a la empresa sin poder hacer negocios con el Estado
Pero ESVICSAC apeló ante la 1° Sala Contencioso Administrativa de Lima. Además presentó otra acción de garantía ante el 10 Juzgado Constitucional de Lima que declaró fundada una medida cautelar, con lo que volvió a quedar apto para ofrecer sus servicios.
Igualmente, la Sala Contenciosa Administrativa declaró nula la resolución del juzgado que canceló la medida cautelar, (mientras evaluaba el fondo para emitir su fallo).
«Actualmente ESVICSAC está activa. Mientras no haya una sentencia confirmada, ellos pueden seguir contratando, así lo establece el régimen jurídico y sobre ese mandato no podemos hacer nada salvo agotar los mecanismos legales”, expresó el presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado, Héctor Inga Huamán.
Agregó que “como tribunal sancionan cuando incurren en la presentación de documentos falsos pero el tribunal está expuesto a control judicial y se puede solicitar medidas cautelares como lo ha hecho ESVICSAC”
“Solo nos queda esperar el fallo de la sala. Confiamos en que ratificará la decisión del 16 Juzgado”, subrayó.
La Sala Contenciosa Administrativa ha programado su fallo para hoy, 21 de octubre.
Según la página web de la OSCE, desde el 2004 hasta la fecha, ESVICSAC ha obtenido 588 contrataciones con instituciones públicas, llegando a facturar 428 millones 210 mil soles. ESVICSAC es una empresa estatal cuyo principal accionista es ESSALUD con el 94.9 % de las acciones. Los otros dos accionistas son la Caja de Ahorros de Lima (5 %) y CAFAE (0.1%).
“No somos parte del proceso penal”
La República buscó a los funcionarios de ESVICSAC para pedirles su versión sobre los procesos que enfrenta con OSCE, tanto en la vía penal como administrativa.
Para el Gerente General de ESVICSAC, Oscar Mejía Orellana el proceso llevado en el 30 juzgado penal no es un problema que involucre a la empresa.
«No me puedo pronunciar sobre el proceso porque no lo conocemos. No somos parte. El tema penal es individual y los trabajadores (denunciados) han dejado la empresa hace años”, afirmó.
Sobre el proceso administrativo que está siendo visto en la Sala Contenciosa Administrativa y que se resuelve hoy, los funcionarios de la empresa de seguridad prefirieron no pronunciarse y concluyeron la entrevista.
En cifras
439 licitaciones fueron ganadas por la empresa de seguridad entre el 2006 y 2013, año en que se determinó la falsificación de la resolución.
428 millones de soles cobró ESVICSAC por contratos con el Estado en los últimos 12 años.
Fuente La República
