La decisión del Gobierno Regional de La Libertad, encabezado por César Acuña, de declarar la nulidad del contrato de la obra vial de ingreso Huanchaco–Trujillo continúa generando cuestionamientos, debido a que la medida habría sido adoptada sin una correcta evaluación legal ni un adecuado análisis de costo-beneficio para el Estado.
Es de señalar que el consorcio ganador, que tenía como representante legal a Lucero Coca, una joven de 23 años, llevó el caso a arbitraje y obtuvo una medida cautelar a su favor para continuar la obra, lo que dejó en evidencia las posibles debilidades de la decisión adoptada por la administración regional.
En declaraciones a Macronorte.pe, el especialista en Contrataciones Públicas, Carlos Aguilar, sostuvo que la nulidad del contrato no fue la medida correcta y respondió a un evidente mal asesoramiento al entonces gobernador Acuña. Según explicó, el marco legal de la contratación pública contempla otras alternativas antes de llegar a una resolución contractual.
“Lo correcto hubiese sido aplicar una penalidad al contratista y sancionarlo económicamente. Hay varias situaciones en las que la ex autoridad regional no ha estado correctamente informada de cuál es el procedimiento legal que regula la contratación pública”, señaló.
El especialista remarcó que, si existían indicios de corrupción, el camino adecuado era la denuncia correspondiente, pero no necesariamente la anulación del contrato. “Yo creo que la decisión no fue la correcta, porque el fundamento que tuvo no fue el correcto. Por un tema de corrupción, lo hubiera denunciado”, afirmó.
“La entidad advirtió la presencia de documentos falsos o inexactos, pero no se llegó a determinar en la resolución cuáles de las dos cosas fue. Jurídicamente son situaciones diferentes y la entidad tiene que definirlo con claridad, no puede ser ambos a la vez”, explicó Aguilar.
También cuestionó que no se haya realizado un análisis de costo-beneficio adecuado antes de anular el contrato, una exigencia fundamental en la gestión pública. “El objetivo del Estado es satisfacer una necesidad pública, no resolver contratos. Si el contrato se ejecuta, la necesidad pública se satisface. Eso debió valorar el Gobierno Regional, pero desde mi punto de vista no lo ha hecho”, indicó.
Finalmente, el especialista consideró que la autoridad regional actuó bajo presión política y mediática. “Se cedió a la presión política, fue una decisión apresurada con el ánimo de decir ‘yo no tengo que ver con actos de corrupción’. La población puede creer eso, pero una autoridad tiene que estar preparada para enfrentar estas situaciones y defender técnicamente sus decisiones”, aseveró a este medio de comunicación digital.
Para Aguilar, un contrato solo debe resolverse cuando ya no exista posibilidad de que cumpla con su finalidad pública, algo que no ocurría en el caso de la obra vial de Huanchaco. “En el análisis costo-beneficio no se cumplen los estándares que la ley establece”, concluyó.
Fuente Macronorte
