El fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios Reynaldo Abia conduce un megaoperativo simultáneo de allanamiento, registro domiciliario e incautación en 35 inmuebles, en el marco de la investigación preliminar abierta por presuntas irregularidades en la adquisición de alimentos y material de protección contra la COVID-19 para la Policía Nacional.
La diligencia, con el apoyo de 45 fiscales, 19 peritos y más de 180 policías de la Dirección Contra la Corrupción y de la Dirección General de Inteligencia, se realiza en las viviendas del Gral PNP Héctor Petit Amésquita, del Crnl PNP Fredy del Carpio León, así como de otros 26 policías y civiles.
Todos ellos son investigados por el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, por los presuntos delitos de colusión y alternativamente negociación incompatible. Entre los inmuebles intervenidos figura también la Dirección de Administración de la PNP.
Por este caso, Petit Amésquita fue removido de su cargo de jefe de la Dirección de Administración de la Policía, junto a otros cuatro oficiales, por las irregularidades en la adquisición de mascarillas, guantes y alimentos por un monto de 10 millones de soles.
El Ministerio del Interior también dispuso abrir un proceso administrativo disciplinario y separar del cargo a todos los involucrados en las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en compras efectuadas por la Policía Nacional para atender la emergencia.
Presuntas irregularidades en compras
A finales de abril, el Ministerio Público inició de oficio una investigación preliminar por presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de productos de bioseguridad y limpieza, valorizados en 1 millón 455 mil soles, por parte de la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (DIREICAJ) de la Policía Nacional del Perú.
El caso está a cargo de la fiscal Mónica Silva Escudero, del sexto despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro. La investigación es por el presunto delito de colusión.
Según precisaron, para iniciar las pesquisas el despacho fiscal se basó en la información de redes sociales, donde se cuestiona la contratación de tres empresas y tres personas naturales para la adquisición de un total de 34,990 artículos sanitarios como mascarillas, guantes quirúrgicos, mamelucos, alcohol en gel, jabón líquido, lejía y papel toalla.
Fuente RPP
