El fiscal anticorrupción Francisco Alarcón, a cargo de investigar las presuntas compras irregulares de mascarillas en la Dirección de Aviación Policial (Diravpol), ha decidido incluir en el caso al procurador del Callao, Engie Herrera, por los presuntos delitos de tráfico de influencias en beneficio de una organización criminal.
Este Diario tuvo acceso a documentos con fecha 14 de diciembre en los que Alarcón relata los motivos por los que, a su criterio, el abogado del Estado estaría buscando entorpecer el avance de la investigación, que tendría como objetivo el archivamiento de esta. Esto, en beneficio de los oficiales investigados en el Caso Diravpol, entre ellos el general PNP Andrés Vildoso, el único policía de ese rango en actividad que, desde setiembre, cumple prisión preventiva.
—El denunciante —
La decisión del fiscal se basa principalmente en la conexión entre el procurador Herrera y el ciudadano Aquilino Guillén Espinoza, descubierta luego de que el representante del Ministerio Público incautara, el 12 de octubre, la computadora de trabajo del abogado del Estado y revisara, además, el cuaderno de visitas de la Procuraduría Anticorrupción del Callao de los últimos dos años, donde el nombre de Aquilino Guillén se repite con frecuencia.
El fiscal habría realizado estas diligencias al ser advertido, el pasado 9 de octubre, de que el procurador recibía en su despacho al ciudadano antes mencionado. El hecho cobra relevancia debido a que este último presentó el 6 de octubre una denuncia, sin adjuntar pruebas, donde indica que el fiscal recibió dinero de uno de los investigados del Caso Diravpol y, además, cuestionó que se habría hecho una pericia con otro tipo de mascarilla “con la finalidad de torcer la verdad”.
En los documentos, Alarcón dice que estos cuestionamientos tienen como propósito el archivamiento del caso. Pero lo que más le llamó la atención fue el conocimiento que tendría Aquilino Guillén de la carpeta fiscal cuando no es una de las partes del proceso, a diferencia del procurador Herrera. Por esa razón, el fiscal decidió intervenir la oficina del abogado del Estado la semana siguiente.
—Lo que dijo el CPU —
El 7 de noviembre, en la oficina de peritaje del Ministerio Público, se realizó un primer examen al CPU del procurador Herrera y, entre otras cosas, se encontraron los borradores en Word de las denuncias que Aquilino Guillén, así como otros ciudadanos identificados como Gregory Paredes Saavedra y Luis Alberto Jara Hoyos, presentaron ante diferentes fiscalías del Callao. Las denuncias tenían en común que como autor del archivo figuraba el usuario de nombre “abogado”.
Un representante de la procuraduría presente en la diligencia, de acuerdo al acta de deslacrado, dijo que “abogado” es la cuenta de acceso estandarizada que el Ministerio de Justicia le asigna a sus distintos procuradores.
Aunque en esa evaluación el fiscal no halló la denuncia que Aquilino Guillén presentó en su contra el 6 de octubre, para él habría quedado claro que el procurador estaba detrás del escrito.
Además de ello, la disposición fiscal de incluir al procurador en la investigación se sustenta en que encontró que dicha procuraduría le pagó, en agosto del 2017, S/413 a Guillén por servicios como el arreglo de sillas.
—Ambiente crispado —
Lo descrito es el último episodio de una serie de enfrentamientos entre el fiscal y el procurador. En febrero, Herrera solicitó la exclusión de Alarcón en el caso de los fondos Finver del Callao y en agosto denunció penalmente al fiscal por abuso de autoridad, en una indagación que este último inició por un presunto mal uso del vehículo de la procuraduría.
El Comercio buscó la versión del procurador Herrera, pero este no contestó las llamadas y los mensajes que se le dejaron en su celular a lo largo del día.
A inicios de mes, el procurador Herrera dio una breve declaración a El Comercio en la que afirmó, de manera general, que las denuncias que encontraron en su CPU son de su autoría y que luego él las presentó de manera pública. “Se están malinterpretando las cosas. Todo esto es una represalia”, sostuvo.
Además de “abogado”, en el CPU se hallaron los usuarios “Yanet Vizcarra” y “yvizcarra” como autores de los pedidos de exclusión y denuncias penales contra el fiscal Alarcón. Ese es el nombre de la única fiscal superior anticorrupción que hay en el Callao quien, además, es la que debe resolver los pedidos que presenta el procurador contra el fiscal Alarcón. Aunque uno de esos escritos va dirigido a la fiscal de la Nacion, Zoraida Ávalos.
En un corto diálogo con este Diario, la fiscal Vizcarra dijo que lo encontrado en la computadora del procurador es materia de una investigación reservada en el Ministerio Público. Por tanto, prefirió no hacer mayor comentario. “Los datos que tenga que dar serán ante la instancia correspondiente”, dijo.
De hecho, se sabe que el caso de los usuarios “Yanet Vizcarra” y “yvizcarra” vienen siendo investigados en la Fiscalía de Control Interno y en Fiscalía Suprema en lo Penal a raíz de las denuncias presentadas por el fiscal Alarcón a inicios de noviembre.
El Comercio se comunicó con la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla quien confirmó que el caso viene siendo visto por su despacho.
En cuanto al Caso Diravpol, el procurador Herrera ha sido separado de la investigación y ha sido citado por el fiscal Alarcón para recoger su testimonio el próximo 29 de diciembre a las 10 de la mañana.
Fuente El Comercio
