La Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad presentó acusación contra el actual alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, Diana Tello Murrugarra y Pedro Alfaro Vásquez, por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.
Los hechos motivo de la acusación fueron cometidos en la gestión 2019-2022 del ex alcalde de Moche, Arturo Fernández Bazán. Según se detalla, la entonces gerente municipal Diana Tello solicitó al inicio de su gestión la contratación de un estudio jurídico externo con el fin de que le brinde asesoría jurídica, sin embargo, no existiría documentación que acredite que se realizó la mayoría del trabajo solicitado.
Además, habría brindado conformidad por múltiples servicios que no se realizaron. Precisamente, la empresa contratada Alfred y Marshall Consulting E.I.R.L presentó numerosos informes de actividades, no obstante, no anexó ninguna prueba documental o similar que acredite la realización de alguna actividad de asesoría.
La Fiscalía determinó que la funcionaria acusada Tello Murrugarra emitió informes dando conformidad a esa presunta realización de los servicios prestados por la persona jurídica Albert & Marshall Consulting E.I.R.L., a sabiendas que no se habían realizado. El número de órdenes de servicio llegan a cerca de la treintena y casi todas son por el monto de 4,500 a más de 5,000 soles cada una.
En los testimonios recabados por la Fiscalía el Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Moche, Hernán Augusto Silva Luna, confirmó que había encontrado evidencias documentarias de que a Albert & Marshall Consulting se le había pagado por asesorías no realizadas, supuestamente por labores que realizaba la misma procuraduría.
Por su parte, Diana Tello, quien es actualmente funcionaria del concejo de Alto Trujillo, habría confirmado la acusación tras señalar que Mario Reyna era su asesor director a través de Albert & Marshal Consulting E.I.R.L. y que lo consultaba diariamente, pero a la pregunta de por qué no existían informes sustentatorios de la asesoría, Diana Tello indicó que ese sustento documentario no se pedía en los términos de referencia (TDR) del servicio.
Por ello, el fiscal Roberto Lecaro Alvarado ha solicitado ante el Juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la pena de 6 años privativa de la libertad para los tres acusados. Asimismo, ha solicitado se les imponga la inhabilitación por el lapso de 6 años.
Fuente Macronorte
