El Ministerio Público realiza un megaoperativo en las sedes de instituciones implicadas en el caso de las vacunaciones irregulares contra el coronavirus a funcionarios, personas particulares y profesionales con dosis activas de la farmacéutica china Sinopharm, conocido como ‘Vacunagate’

A través de un comunicado en Twitter, la Fiscalía informó que el fiscal provincial Marco Carrasco y personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, intervienen sedes del Ministerio de Salud (Minsa), del Instituto Nacional de Salud (INS), la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) y las universidades de San Marcos y Cayetano Heredia “para recabar información sobre la participación de los funcionarios en el uso de las vacunas COVID-19”.

Además, el Ministerio Público indicó que la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima Norte inició diligencias preliminares “contra los que resulten responsables de los presuntos delitos contra la administración pública” por el uso de las vacunas del laboratorio Sinopharm.

RPP Noticias constató el ingreso del fiscal Augusto López Loaiza a la sede del Minsa en la avenida Salaverry, junto a unos 6 agentes de la Diviac.

En la víspera, el titular de ese despacho, Óscar Ugarte, dijo que aproximadamente unos 50 funcionarios de la institución están en la lista de los que recibieron las vacunas fuera de los grupos del ensayo clínico del preparado.

La fiscalía también realiza diligencias en el Centro de Estudios Clínicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en San Martín de Porres, donde se realiza los ensayos con los voluntarios del estudio de la vacuna de Sinopharm.

El escándalo ‘vacunagate’

El “Vacunagate” estalló la semana pasada con la revelación de que el expresidente Martín Vizcarra había recibido en secreto la vacuna de Sinopharm y en los siguientes días provocó la renuncia de dos ministras (Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete) y viceministros que admitieron que también fueron inoculados.

La aparición de una lista de 487 personas que recibieron dosis activas al margen de los ensayos clínicos que se realizan en las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, terminó implicando a médicos, investigadores y funcionarios.

El jueves la Contraloría General de la República informó que identificó en total a 122 funcionarios en la lista de personas que recibieron la vacuna experimental de Sinopharm.  En conferencia de prensa, el contralor Nelson Shack informó que, del total de funcionarios identificados, 19 habrían hecho que sus familiares también reciban la vacuna.

Shack Yalta consideró que los funcionarios vacunados podrían tener responsabilidad administrativa, civil y hasta penal, por lo que han sido “segmentados”.

“Todos (los 122) deberían tener responsabilidad presunta a nivel administrativo, pero hay otros, un subgrupo, que tienen además otros tipos de responsabilidades, porque han hecho un aprovechamiento indebido de su cargo para poder beneficiar a sus propios familiares con esta vacunación”, aseveró.

Fuente RPP

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