La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) solicitó 9 meses de prisión preventiva contra tres funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y dos empresarios implicados en una investigación por presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de más de 70 mil implementos de protección contra la COVID-19, para el personal operativo de dicha entidad.

La fiscal provincial Zoila Sueno Chirinos hizo este pedido contra Luis Wilver Barrios del Pozo, especialista en Indagación de Mercado; Oscar Priscilio Leandro Diestra, encargado de la Gerencia de Riesgos de Desastres y Carlos Miguel Cabrera Huatay, sub gerente de Logística.

Todos ellos sindicados como autores del delito de colusión agravada y los acusan por haber intervenido en forma directa en el cuestionado proceso de contratación directa N.° 15-2020-MML por un valor de 60,320 soles en la adquisición de mascarillas N95 y guantes descartables.

Asimismo, el requerimiento de prisión preventiva incluye como presuntos cómplices primarios al empresario Michel Alexis Lanao Salvatierra y contra Modesto Cardoso Alvíncula, representante legal de BIOBYSA SAC.

Según la hipótesis fiscal, ambos proveedores habrían sido favorecidos como producto de la concertación con los tres funcionarios de la municipalidad de Lima, evidenciándose esto en la validación de sus propuestas por encima de otras, a pesar de que el valor económico de los bienes ofrecidos no se habría encontrado acorde al mercado y en algunos casos no habrían cumplido con las especificaciones técnicas.

Para mostrar esta supuesta ventaja, se requirieron cotizaciones a diversas empresas en cuya actividad económica no se encontraba la comercialización de mascarillas y guantes.

Dicho manejo, se habría producido en la fase de búsqueda de proveedores, en la de evaluación y validación de las cotizaciones y en la de estudio e indagación de mercado a cargo de los mencionados funcionarios municipales.

Estos y más elementos de convicción, sumados a otros presupuestos para solicitar que los imputados cumplan la medida restrictiva mientras son investigados, serán sustentados por la fiscal Zoila Sueno mañana 12 de agosto a las 10 de la mañana, durante una audiencia virtual ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Cabe precisar que este requerimiento es uno de los primeros que las Fiscalías Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios presenta, entre los más de cien casos relacionados a presuntas irregularidades, que se configuraría como delito de corrupción, en la adquisición de material de bioseguridad por parte de entidades públicas durante el actual estado de emergencia por la COVID-19.

Fuente El Popular

 

 

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