El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial del Caso Lava Jato, pidió 18 meses de prisión preventiva para cuatro miembros del denominado ‘Club de la Construcción’. Entre ellos, José Paredes Rodríguez, hermano del ex ministro del MTC, Carlos Paredes, según ha podido confirmar El Comercio.

La Fiscalía les atribuye los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y cohecho activo genérico. El requerimiento fue presentado hoy, lunes, ante la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, a cargo del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción.

El pedido de prisión preventiva es para:

  1. José Guillermo Paredes Rodríguez
  2. José Fernando Castillo Dibos (ex presidente de IGGSA)
  3. Edgard Ricardo Unzueta Zegarra (representante de Andrade Gutierrez)
  4. Javier Lei Siucho (representante de Constructores y Mineros Contratistas Generales)

La solicitud se da a raíz de que el fiscal Juárez recabara nueva información, sobre todo la entregada por cuatro miembros de este ‘Club’ que solicitaron acogerse a un proceso de colaboración eficaz.

El ‘Club’ era una cartelización empresarial de constructoras peruanas y extranjeras que en lugar de competir entre sí, se coludían para repartirse las obras que convocaba a licitación el MTC, a través de Provias Nacional.

Según la fiscalía, un colaborador eficaz, además, informó de la existencia del ‘Club de la Conservación y Mantenimiento’, que funcionaba en paralelo al ‘Club de la Construcción’.

Este Diario se comunicó con Javier Lei Siucho, quien dijo que no tenía conocimiento sobre el pedido del Equipo Especial. Indicó que sigue siendo el representante de Constructores y Mineros Contratistas Generales.

El Comercio intentó comunicarse con el abogado de José Castillo Dibos, pero hasta el cierre de esta nota nos dijeron que estaba en una reunión y no podía atendernos.

Por este caso, se encuentran en prisión preventiva Carlos Eugenio García Alcazar y Rodolfo Prialé de la Peña. El primero fue asesor del viceministerio de Transportes (agosto del 2011 hasta julio del 2014), mientras que el segundo era el intermediario entre las constructoras y los funcionarios de Provías.

Fuente La República

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