Por quinto año consecutivo, el Estado peruano invertirá US$ 42,5 millones solo para proteger los tubos del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y evitar que se deterioren o sean vandalizados mientras se resuelve el litigio con la constructora brasileña Odebrecht.
Retomar este proyecto implicará la masificación del gas, anhelado sueño del presidente Pedro Castillo. Además de la resolución de arbitrajes internacionales que el Estado mantiene con Enagás, cuyo resultado podría conocerse en 2022 o 2023, y con Odebrecht que podría salir en 2024, según informó el diario La República.
Como se sabe, el pasado 3 de octubre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó la resolución suprema N.° 108-2021-PCM, que crea la comisión multisectorial encargada de la renegociación del contrato del gas de Camisea, la cual tenía una vigencia de 60 días hábiles.
Dicha comisión maneja cuatro alternativas para la continuidad de esta obra clave: obra pública, asociación público privada financiada, asociación público privada cofinanciada y gobierno a gobierno. Todo queda en manos del grupo conformado por cinco ministerios, además de la PCM: Minem, MEF, Mincetur, Minjus y Cancillería.
Mientras tanto, Perú le sigue pagando más de US$ 216 millones a la colombiana Estudios Técnicos SAS para el cuidado de los tubos desde el segundo semestre de 2017. A eso , sumemos las eventuales inyecciones de capital asumidas este año por el Ministerio de Economía, debido a las variaciones del dólar. Es el caso del pasado 10 de noviembre, cuando se transfirieron S/ 29 millones adicionales a los S/ 150 millones de soles originalmente previstos para el 2021, a cargo de Osinergmin, debido a que los recursos “solo alcanzaron hasta el mes de octubre”.
Fuente Caretas
