El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la ley que establece medidas para el despliegue del control concurrente simultáneo de la Contraloría General de la República durante el período de emergencia ordenado a causa del avance del coronavirus (COVID-19) en el Perú.

“La Contraloría General de la República queda facultada a emitir las disposiciones necesarias en materia de control para el cumplimiento de la presente ley”, cita el texto firmado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y del jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, en una edición extraordinaria del boletín de normas legales del diario oficial “El Peruano”.

El Congreso envió este lunes la autógrafa de la ley que otorga facultades a la contraloría para ejercer un control concurrente a las contrataciones públicas realizadas en el marco de la emergencia producida por los contagios de coronavirus (COVID-19).

El mencionado poder del Estado también remitió la autógrafa correspondiente a la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), con un tope de S/12.900, como medida para contrarrestar los efectos económicos negativos de la emergencia, así como la autógrafa de la ley que suspende el cobro de peajes en rutas nacionales administradas por concesionarias durante el período de emergencia. Sobre estas dos últimas propuestas no se registra ningún tipo de pronunciamiento por parte del Ejecutivo.

Por ello, el presidente Martín Vizcarra tiene como plazo hasta el 29 de abril próximo para promulgar u observar las referidas normas.

Control concurrente

El tema fue puesto en la agenda del debate legislativo por el Gobierno. La figura del control concurrente fue incluida en el pedido de delegación de facultades presentado en marzo. El último jueves 26 del citado mes, el Parlamento aprobó el paquete de facultades, salvo en el punto 11 referido al control concurrente. Al día siguiente, el presidente Martín Vizcarra anunció que insistiría en su propuesta y envió un proyecto de ley al Parlamento.

No obstante, el mismo día que se analizaba en el pleno las facultades legislativas del Ejecutivo, el parlamentario César Combina (Alianza para el Progreso, Junín) presentó un proyecto de ley -coordinado con la contraloría- para aplicar el control concurrente a todo el Sistema Nacional de Control y no limitarlo a la situación de la emergencia del COVID-19, como planteaba el gobierno.

Tras el rechazo del pleno a otorgar facultades sobre el control concurrente al Ejecutivo, se esperaba la aprobación de la iniciativa multipartidaria, pero no se logró poner al debate.

El martes 31, ante la Junta de Portavoces, se presentaron el primer ministro Vicente Zeballos y la titular de Economía María Antonieta Alva, así como el contralor Nelson Shack. Este último refirió que “el controlado -en referencia al Poder Ejecutivo- no podía determinar las reglas de cómo y en qué términos se le iba a controlar”.

Shack reiteró su apoyo a la iniciativa multipartidaria impulsada por Combina. Sin embargo, dicha propuesta perdió respaldo. Para el miércoles 1 de abril, cinco de las ocho bancadas parlamentarias presentaron un nuevo texto sustitutorio que recogía la propuesta del Ejecutivo y acumulada otras iniciativas de legisladores que iban en el mismo sentido de limitar el control concurrente a las contrataciones que ocurran en el marco de la emergencia del COVID-19.

Fuente El comercio

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