La Contraloría General inició este lunes, a nivel de regional, el despliegue de más de 400 auditores para supervisar el estado de la adquisición, almacenamiento y entrega de las canastas de víveres para las poblaciones vulnerables que se encuentran afectadas por el aislamiento social, como consecuencia de la presencia del coronavirus (COVID-19) en el país.

Además de Lima y Callao, cuyo operativo continuará esta semana, se suman las regiones de Apurímac, Ancash, Ayacucho, Amazonas, Arequipa, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima Provincias, Madre de Dios, Moquegua, Loreto, Piura, Puno y San Martín.

Esta acción se realiza en el marco del megaoperativo de Emergencia Sanitaria 2020 (que se inició la semana pasada con el desplazamiento en municipalidades provinciales y distritales de Lima y Callao) con la finalidad de acompañar y supervisar que las municipalidades dispongan prioritariamente de esta ayuda, el almacenamiento y la distribución hacia las familias que lo necesitan.

Como se conoce, son más de 1,800 municipalidades que han sido consideradas en el programa de apoyo a poblaciones vulnerables en todo el país, con un presupuesto superior a los 213 millones de soles. Son los responsables de la adquisición de productos de primera necesidad y la entrega de las canastas de víveres.

En el caso de las municipalidades provinciales y distritales, a nivel regional, el monto del presupuesto asignado varía entre 1 millón de soles, 200 mil soles, 100 mil soles y 50 mil soles, dependiendo del número de población vulnerable en su jurisdicción.

La Contraloría General dispuso el uso obligatorio de la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” para que todos los gobiernos locales –desde cualquier punto del país- registren en línea todo el proceso relacionada a las canastas de víveres, desde su contratación hasta su entrega.

Esta herramienta virtual, a la que se accede ingresando al portal a través de la página web facilita el registro de información que será validada y contrastada por la Contraloría en el marco de su labor de control, a fin de verificar el buen uso de los recursos públicos.

Fuente RPP

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