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GRL no cobró más de S/27 millones por penalidades en Proyecto Olmos

GRL no cobró más de S/27 millones por penalidades en Proyecto Olmos

Como resultado de la auditoría de la Contraloría General de la República al contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de Trasvase del Proyecto Olmos, se identificó a 16 exautoridades y exfuncionarios del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) y del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) con responsabilidad administrativa, civil y penal. Entre ellos están todos los miembros que conformaron el pleno regional (siete consejeros) entre el 2011-2014.

La vulneración a la Ley de Contrataciones y al contrato de concesión ha puesto en capilla a más de una decena de involucrados, entre los que destacan los expresidentes regionales Nery Saldarriaga de Kroll y Humberto Acuña Peralta, no solo por permitir las reuniones de trato directo y las transacciones extrajudiciales con la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), también por el reconocimiento del perjuicio económico y sobrecostos en la construcción del túnel trasandino al no aplicar una penalidad mayor a 27 millones de soles. Tampoco veló por la operación de la presa Limón, cuya capacidad a diciembre de 2018 disminuyó a 41%.

Cayó cargado de cocaína. Semisumergible que llevaba 1.136 paquetes de droga tenía motores diésel, generador de energía eléctrica y aire acondicionado. Es de fibra de vidrio.

La lista

A Saldarriaga y Acuña, quienes serán sometidos a una investigación penal, se unen los siete exconsejeros regionales. Ellos son: Lázaro Villegas Agramonte, Miguel Bazán Zárate, Óscar Zeña Santamaría, Sara Maritza Mocarro Monja, Andrés Palma Gordillo, José Eneque Soraluz y Ana Toro Gálvez.

También están los exgerentes generales del PEOT, Francisco Gayoso Zevallos, Enrique Salazar Torres y Juan Saavedra Jiménez, además de los exgerentes de Asesoría Jurídica, Víctor Quijano Chávez y Luis González Vélez.

Por el gobierno regional se consideró a los exjefes de la Oficina de Asesoría Jurídica, Marty Llontop Samillán y Víctor Sánchez Correa.

La República dialogó con el gobernador regional Anselmo Lozano Centurión sobre las decisiones que adoptará sobre el tema, y aseguró que mañana derivará el informe de auditoría n.º 5658 a la procuraduría pública regional a fin de que denuncie a los presuntos responsables ante el fuero que corresponda.

“Soy respetuoso de la norma, por lo que se cumplirá con las recomendaciones de la Contraloría…Los presuntos responsables responderán a la justicia, la que debe actuar de manera imparcial y objetiva”, expresó.

Responsabilidades

En el caso de Humberto Acuña, la Contraloría indica que el 15 de setiembre de 2011 con el oficio n.º 154 solicitó al Consejo Regional la autorización para suscribir el acta de reuniones de trato directo y la transacción extrajudicial con CTO en la que se establecían reglas distintas a las previstas contractualmente para determinar el perjuicio económico financiero, incluido los mayores costos de obra.

La Contraloría sostiene que dicho petitorio se realizó sin contar con los informes técnicos y legales que sustenten la suscripción de dichos documentos, así como las materias sometidas a negociación.

En ese sentido, se precisa que Acuña no cauteló el debido cumplimiento de las funciones para el cargo de gobernador regional.

En este abanico de hechos se atribuye a Nery Saldarriaga (presidenta regional entre abril de 2009 al 31 de diciembre de 2011), la suscripción del oficio n.º 363 que otorgó la segunda ampliación del período inicial a pesar de la falta de sustento técnico y legal de la solicitud del concedente sobre los hechos y atrasos en el trasvase.

Para Juan Saavedra se advierte que firmó los oficios n.º 075 y 125 en 2010 y el oficio n.º 133 en 2011, referidos a la segunda, tercera y cuarta ampliación del período inicial. El funcionario habría calculado sin sustento técnico los atrasos que incurrió CTO y afirmó que la causa de este problema fue la ocurrencia de los estallidos de roca en mayor intensidad y frecuencia a lo pronosticado por la concesionaria, a pesar que ello fue previsto en la propuesta técnica y el expediente técnico. Y avaló la solicitud de ampliación de plazo sin sustento legal.

Fuente La República

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