La resolución del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley que aprobó el allanamiento y registro de la vivienda y oficina de Guillermo Bermejo incluye los argumentos de la Fiscalía de la Nación para pedir la medida contra el congresista de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, quien es investigado por el delito de tráfico de influencias agravado por el Caso Los Operadores de la Reconstrucción.
Uno de los hechos que presuntamente se le atribuyen a Bermejo es que, “aprovechando su condición de congresista de la República, habría realizado ofrecimientos” al ahora exalcalde del distrito de La Unión (Piura) Fernando Ipanaqué “por intermedio de terceras personas”, entre ellas César Albitres Ruiz, Ronald Ramírez Guerra y Jaime Jara Aguirre (este último trabajó como auxiliar de su despacho y ahora cumple prisión preventiva por la investigación de Los Operadores de la Reconstrucción).
Lo que Bermejo habría hecho, según la fiscalía, sería “interceder ante los funcionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios [ARCC], de modo que se habilite una partida presupuestal para ejecutar cuatro proyectos de obras públicas [en el distrito de La Unión], conforme se advierte de la delación del aspirante a colaborador eficaz con código CE-21-2023-Eficcop”, del 19 de agosto pasado.
Para la fiscalía, esas acciones “se habrían realizado a través de coordinaciones ilegales” con Yul Valdivia Beteta y Jaime Jara (quienes serían asesores en la sombra de Bermejo), el exjefe de la ARCC Robert López López, el exalcalde Ipanaqué “y otros sujetos que vienen siendo identificados” por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), “con la finalidad de obtener presupuesto económicos de dicha entidad pública a cargo de Robert López, en favor de la institución edil [el distrito de La Unión]”.
“En atención de la imputación por parte de la fiscal de la Nación, [esos hechos] responden a actos propios de tráfico de influencias agravado por parte de la congresista de la República, pues habría aprovechado su condición de alto funcionario”, indica la resolución judicial firmada por el juez Checkley.
Por la investigación de Los Operadores de la Reconstrucción, caso que está a cargo del Eficcop, en agosto fueron detenidos Valdivia, Jara, López e Ipanaqué, entre otras personas. Actualmente, Jara y López cumplen prisión preventiva. Hay un audio, que es parte de la indagación, sobre una conversación entre Valdivia, Ipanaqué y Mario Espinoza, quien fue asesor de Robert López en la ARCC.
Las obras en La Unión, para el mantenimiento de calles y obras en instituciones educativas, se ejecutaron en el municipio piurano el año pasado, son cuatro. Estas, cuyo monto total fue de S/14′881.504, se realizaron en el distrito con presupuesto de la ARCC a través del Decreto Supremo 181-2022-EF, aprobado el 4 de agosto del 2022, con la firma del entonces presidente Pedro Castillo.
En la resolución del juez Checkley también se menciona que, dos días antes de que se emitiera el decreto mencionado, Bermejo y Castillo se reunieron en Palacio de Gobierno. “Infiriendo que de dicha reunión [se] habría generado la emisión del Decreto Supremo 181-2022-MEF, del 4/8/2022, por parte del expresidente Pedro Castillo, con el cual autoriza la transferencia de las partidas presupuestales para la ejecución de las obras de rehabilitación en la Municipalidad Distrital de La Unión”.
Dos semanas después de esa reunión, el 16 de agosto del 2022, Bermejo y Jara recibieron en el despacho del congresista a Yul Valdivia, Ronald Ramírez, William Cachay, Fernando Ipanaqué, José More y Efraín Serna. Sobre ese encuentro, el aspirante a colaborador CE-21-2023-Eficcop, en su declaración del 19 de agosto de este año, indicó que Ipanaqué estuvo en Lima para reunirse con Bermejo, “[cita] en la cual dicho alto funcionario –sostiene el delator– se comprometió con apoyar con los ‘otros cuatro proyectos que no habían salido’ en el Decreto Supremo 181-2022-MEF”. En la resolución judicial no se precisa cuáles son esos otros cuatro proyectos.
Sobre las diligencias realizadas hoy en la vivienda y la oficina del congresista Guillermo Bermejo, su abogado Ronald Atencio indicó que es una “pantomima” por parte del Ministerio Público.
Fuente El Comercio
