Para Isaac Serna, quien presidió la comisión investigadora del gobierno de Alejandro Toledo, las compras millonarias del expresidente habrían sido financiadas con dinero abonado por empresas a las cuales favoreció en forma irregular durante sus cinco años de gobierno, precisamente la época en que las autoridades detectaron el inicio de las transacciones bancarias.
“Cuando se vieron los decretos y resoluciones emitidos entre el 2001 y el 2006, se detectó que muchos no tenían el más mínimo sustento técnico, y que su único efecto era ahorrarles costos a supuestos inversionistas, incluso a costa de la recaudación tributaria”, informó el excongresista a LA RAZÓN.
Recordó que en esos años se abrieron licitaciones y se firmaron contratos, muchos de los cuales aún siguen en procesos judiciales, porque habrían servido para las “coimas” de funcionarios del Estado, y no para un verdadero desarrollo del país.
“Se trastocaron normas como con la planta de fraccionamiento de Pisco. El privado quería hacerla en una zona de amortiguamiento, y la normativa no lo permitía. Se emitió un decreto y se le ahorró 80 millones de dólares a estos señores. Recuerden cómo Montesinos hizo algo parecido con los chilenos de Lucchetti”, agregó Serna.
Otro caso fue el de Perú LNG, transportadora del gas de los yacimientos de Camisea. Su contrato inicial no permitía que exportara el hidrocarburo, pero el gobierno de Toledo hizo una adenda, la cual –según el exlegislador- no significó ningún aumento de inversión ni facilidades al Estado peruano.
