Un ingeniero civil trabajó como supervisor de una obra ejecutada por el Gobierno Regional de Áncash (GRA) en la provincia de Huarmey y, en simultáneo, laboró también en otros cuatro proyectos de inversión pública como ingeniero residente.
No fue uno, tampoco dos. Fueron cinco proyectos a la vez. Un ingeniero civil trabajó como supervisor de una obra ejecutada por el Gobierno Regional de Áncash (GRA) en la provincia de Huarmey y, en simultáneo, laboró también en otros cuatro proyectos de inversión pública como ingeniero residente. Mapas
La situación irregular del ‘laborioso’ ingeniero fue detectada por la Contraloría General de la República durante un servicio de control posterior a la supervisión de la obra “Mejoramiento y ampliación del camino vecinal de Erajirca-Carmocho, en la localidad de Carmocho, distrito de Malvas”, ejecutada el año 2022.
Para la supervisión y la recepción de dicha obra, así como su liquidación, el GRA contrató al Consorcio Supervisor Carmocho, integrado por la empresa Consultora y Constructora ECCSAM S.R.L. y la profesional Carol Inés Trejo Maguiña.
En el contrato se consignó un pago de 300 mil 877.12 soles y un periodo de ejecución de 240 días calendario. Además, se indicó que el puesto de supervisor de obra sería asumido por el ingeniero civil Rodrigo Andre Javier Cabana.
Por la labor de supervisión, el GRA llegó a realizar cinco pagos a la Empresa Consultora y Constructora ECCSAM S.R.L. por un monto total de 230 mil 755.84 soles.
Cinco obras a la vez
Sin embargo, al consultar el portal Infobras, la Contraloría descubrió que supervisor Rodrigo Javier estaba contratado como ingeniero residente en otras cuatro obras al mismo tiempo: la creación del parque recreativo en el centro poblado Congón, en el distrito de Huarmey; la adquisición de tanques de almacenamiento de agua de la institución educativa n.° 20366 “Tupac Amaru II”, en el distrito y la provincia de Huaura, en Lima; la renovación de captación de agua de manantial y reparación de reservorios en la localidad de Rahuar, distrito de Cochabamba provincia de Huaraz; y la creación de la plazuela de la localidad de Nunupata, en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari.
Una revisión de los periodos de ejecución de las cinco obras mostró que todas se desarrollaron entre los meses de mayo y diciembre de 2022, con lo que en la práctica Rodrigo Javier desempeñó las funciones de supervisor de obra en Malvas al mismo tiempo que realizaba su labor como ingeniero residente en Congón, Huaura, Huaraz y Huari.
Para el ente de control, la participación paralela de Rodrigo Javier en cinco obras evidencia la “inverosimilitud” del cumplimiento de sus funciones al 100 % en la obra de mejoramiento del camino vecinal en Malvas, lo que no garantiza la calidad del trabajo realizado. Además, recuerda que dicha situación transgrede lo establecido en el artículo 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, (Decreto Supremo N.° 344-2018-EF), el cual señala que el supervisor participa de modo permanente y directo durante la ejecución de la obra.
Por si fuera poco, la ausencia de Rodrigo Javier como supervisor de obra provocó la paralización de los trabajos el 11 de diciembre de 2022 y la resolución del contrato de ejecución en mayo de 2023, a pedido de la empresa constructora.
Un detalle importante es que el contrato con la consultoría establecía una penalidad de una (1) UIT, es decir 4 mil 600 soles, según su valor del año 2022, por cada día de ausencia del supervisor de obra. Sin embargo, esa sanción no fue aplicada por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del GRA.
Responsabilidad del GRA
Finalmente, la Contraloría responsabiliza de la irregularidad con el supervisor de obra al Gobierno Regional de Áncash, pues, según el artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es el responsable de ejecutar la obra con el personal acreditado. Mapas
Los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República se encuentran contenidos en el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 038-2026-2-5332-AOP. Una copia del documento fue enviada al gobernador regional Koki Noriega Brito el 19 de junio para que adopte las acciones correctivas. La autoridad tiene un plazo de 20 días para comunicar el plan de acción correspondiente. (J.C. – RSD Noticias).
Fuente Radio RSD
