En medio de la crisis política que vive nuestro país, Julio Luque, presidente de IPAE, asegura que es necesario ahondar en la lucha contra la corrupción.
— Los escándalos de Lava Jato amenazan con arrasar el ‘establishment’ político y llegar incluso a la salida del presidente. Algo que podría ayudar a controlar esta espiral es un movimiento de los empresarios, un compromiso real de las empresas contra la corrupción, una suerte de pacto antisoborno. IPAE ha asumido el compromiso de sacarlo adelante. ¿Cómo sería?
Sí, claro. Lo que lanzamos al final de CADE como uno de los cinco compromisos que IPAE va a priorizar en los próximos años es un programa de tolerancia cero a la corrupción en el ámbito empresarial. Esta idea nos la trajo Óscar Espinoza, presidente de Ferreycorp. Casi todas las empresas importantes tienen código de conducta, código de ética. Los gremios también. El tema es cómo aseguramos el cumplimiento. Vamos a intentar maximizar la adopción del ISO 37001, que es el ISO antisoborno, que además está ya de alguna manera reflejado en la ley anticorrupción que se dio el año pasado, pero que recién las empresas peruanas están comenzando a entender. Las empresas tienen que tener un código de conducta, pero sobre todo un oficial de cumplimiento para asegurar que todas esas buenas prácticas se están cumpliendo. La idea es sumar a la mayor cantidad de empresas a esta iniciativa, pero no a la parte declarativa, sino a la parte ejecutiva.
— ¿Cómo hacemos para controlar que esos códigos se estén, efectivamente, cumpliendo a todo nivel?
Bueno, este programa tiene una serie de condiciones y parámetros, tiene una persona destinada a ser oficial de cumplimiento, tienes que tener un canal específico para recibir denuncias, procesarlas, hacerlas públicas, en fin. Hay todo un procedimiento perfectamente establecido que estás obligado a llevar.
— ¿Hay una idea de cuántas empresas se buscaría tener?
No tenemos una meta específica. Va a ser más fácil primero incorporar a las empresas de mayor tamaño porque son las que ya suelen tener la parte del código, no necesariamente la parte del oficial de cumplimiento. Y, de ahí, un rol de IPAE va a ser cómo hacemos para que eso comience a permear hacia abajo, hacia empresas medianas o empresas pequeñas. Implementar este tipo de prácticas con oficiales de cumplimiento no es barato, entonces IPAE intentará ver alguna manera de poder masificar estos compromisos dando recursos, capacitaciones…
— Hace unos pocos años hubo una iniciativa liderada por Beatriz Boza para lograr que los estudios de abogados y las gerencias legales de las grandes empresas firmaran un código de buenas prácticas que en buena cuenta era un pacto antisoborno. Y, sin embargo, al final nadie quiso firmarlo…
Entiendo que algunos sí lo firmaron, aunque fueron la excepción. Pero yo creo que hay una situación nueva, este florecimiento que hemos tenido de la corrupción, que hace más necesaria esta acción. Conozco perfectamente la iniciativa que tuvo Beatriz en ese momento y creo que facilita nuestro trabajo.
— O sea que promoverían que esta vez sí se firme.
Pero sin ninguna duda. Yo creo que el rol principal de IPAE en esta acción no es tanto explicar qué es lo que hay que hacer, sino convencer a las empresas, a los empresarios grandes, medianos y pequeños, que esto es indispensable, que si no lo hacemos vamos a seguir en este proceso de parálisis del país por la corrupción.
— En CADE se enfatizó la necesidad apremiante de llevar adelante reformas para aumentar la productividad, porque si no, no vamos a poder salir del nivel en que estamos. Y, sin embargo, parece difícil sacar adelante reformas cuando el gobierno no tiene mayoría en el Congreso y Fuerza Popular no está dispuesta a afrontar costos políticos. ¿Cómo hacer para desentrampar este asunto y poder aprobar reformas fundamentales?
Por eso, precisamente, uno de los principales compromisos que hemos hecho en esta edición de CADE es lanzar el Consejo Privado de Competitividad (CPC). Hace años que no avanzamos en competitividad. Es más, estamos retrocediendo. Este consejo lo que intenta decir es, bueno, ¿qué vamos a aportar desde el sector privado para ser más competitivos? El sector privado, que es responsable del 80% de la inversión en el país, puede decir: “Lo prioritario, lo fundamental para reactivar este proceso son estas dos o tres reformas”. Pero, en segundo lugar, nosotros tenemos la esperanza de poder aportar, desde este consejo, al diálogo que tiene que haber entre gobierno, oposición y otros actores de la sociedad civil que algunas veces o no entienden las reformas o no las ven como prioritarias. Necesitamos un Pacto Nacional por la Productividad, como propuso Luis Carranza.
— Es decir, de alguna manera buscarían intermediar entre el gobierno y la oposición.
Yo no diría que vamos a ser los intermediarios, pero sin ninguna duda somos conscientes de que hay que buscar a todos. La gran mayoría de las principales reformas que hay que hacer no dependen solo del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo y también requieren que la sociedad civil las acepte, porque algunas son aparentemente impopulares aunque al final benefician a la gran mayoría de la población. Eso hay que explicarlo, comunicarlo, divulgarlo, y creemos que ese va a ser también el rol del CPC.
— El tema de la reforma laboral, por ejemplo. Algo que no se ha logrado hasta ahora es conseguir un diálogo sincero, productivo, a calzón quitado con la CGTP. ¿Eso es factible?
Yo no puedo garantizar que sea factible hacerlo, pero es tan importante que sería irresponsable no intentarlo. Si nosotros pudiéramos sentarnos uno a uno con los 30 millones de peruanos y explicarles en detalle cuál es el problema que tenemos hoy en la legislación laboral y por qué eso está haciendo que no seamos productivos, que no avancemos y que no haya prosperidad para todos, estoy seguro de que después de una hora de explicación todo el mundo lo entendería claramente. El problema es que lamentablemente nos dejamos llevar por frases hechas tales como “están desprotegiendo al trabajador”. Aquí la realidad es una sola. La productividad del Perú está muy por debajo del resto de países de la Alianza del Pacífico, y sin productividad no hay prosperidad ni calidad de vida. Hoy el sector formal del Perú es cinco veces más productivo que el informal. Si nosotros consiguiéramos que esa cantidad de gente de la informalidad sea absorbida por estas empresas formales productivas, el Perú sería otro país.
— Miguel Jaramillo, de Grade, acaba de publicar un informe en el que demuestra cómo desde que el Tribunal Constitucional dio esta interpretación restrictiva del artículo 27 de la Constitución, se han incrementado de una manera exponencial los contratos a plazo fijo en detrimento de los contratos indefinidos, lo que perjudica a los trabajadores, sus salarios y a los propios sindicatos, que han perdido afiliación.
Pero sin ninguna duda. El tema de fondo aquí es que todas estas reglas, regulaciones y leyes tienen buenas intenciones, pero pésimos resultados. Ante una interpretación del Tribunal Constitucional que dice que la gente tiene derecho eterno al trabajo, uno podría decir: “Caramba, qué bueno, entonces a la gente no la van a despedir”. ¿Qué termina ocurriendo? Que la cantidad de personas contratadas de manera indeterminada ha caído al mínimo, y las empresas se van a contratar a plazo fijo, si contratan. Si no cambiamos, no vamos a tener más prosperidad.
—Ahora, para aprobar reformas necesitamos que el gobierno tenga alguna clase de sustento en la opinión pública. Ya vemos lo que está pasando con el presidente. ¿Qué debe hacer el gobierno para reencontrarse con la gente, para afianzar su aprobación?
Te lo pondría de esta manera: también es una oportunidad, porque un gobierno que tiene problemas de popularidad y también, por cierto, una oposición que está siendo cuestionada por ser obstruccionista, creo que nos puede generar una oportunidad como sector privado para hacer ver que la posibilidad de perder popularidad en base a las cosas que hay que hacer tampoco ya es mucha, y más bien el potencial es enorme. Creo que deberíamos concentrarnos en hacer lo que tenemos que hacer, porque sabemos que los resultados se van a ver dos o tres años después, pero hay que gobernar con visión de futuro. No podemos estar gobernando con una visión de: “Quiero que mi popularidad aumente cinco puntos el mes que viene”. Si explicamos bien, nadie se opondría. ¿Alguien podría decir: “Yo no quiero que los peruanos sean más productivos”? Todos queremos producir más, todos queremos tener mejores beneficios, todos queremos que el Estado recaude más impuestos.
— Bueno, es un hecho histórico, sin precedentes, que el sector privado se haya decidido, a través de IPAE, a crear un Consejo Privado de la Competitividad. Que empiece a comprometerse con el país. ¿Van a tener financiamiento de la CAF?
Sí, mira, esta es una iniciativa conjunta de IPAE con CAF. Lo que hemos hecho junto con CAF es un presupuesto a tres años. Y nos hemos comprometido a financiarlo 50% con recursos de IPAE y 50% con recursos de CAF. Esto lo hemos conversado con el gobierno, específicamente con la ministra de Economía y con la presidenta del Consejo de Ministros, quienes han acogido esta idea y la contraparte va a ser que van a reformar o reorganizar el Consejo Nacional de Competitividad para dar cabida a los miembros de este consejo privado. Contamos con Fernando Zavala, que tiene el prestigio que tiene en el sector privado y en el sector público. Entre Lucho Carranza, presidente de la CAF, y quien te habla hemos estado evaluando cuál es la fórmula que mejor funciona. Hemos viajado a Panamá, Colombia, Chile, México, donde hay consejos privados de competitividad, y hemos evaluado las mejores prácticas de los más exitosos.
Fuente El Comercio
