El miércoles 30 de marzo próximo, el juez nacional Manuel Chuyo Zavaleta evaluará el pedido de la fiscal Karla Zecenarro para prohibir que Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Rudbel Oblitas Paredes, sobrinos del presidente Pedro Castillo, puedan viajar al exterior mientras se les investiga por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible.
Zecenarro consideró necesario que se dicte dicho impedimento por el plazo de cuatro meses para asegurar el éxito de la investigación sobre presuntos actos ilícitos en la decisión de Provías Descentralizado, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de otorgar al consorcio Puente Tarata III el contrato de construcción de un puente vial sobre el río Huallaga, en la región San Martín.
Empresarios
De acuerdo con una declaración de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López Arredondo, los mencionados familiares del presidente se habrían reunido con diferentes empresarios y les ofrecieron interceder para que se adjudique una serie de proyectos de obras públicas que se estaban licitando en Provías Descentralizado.
Por lo cual, la Fiscalía también solicitó la misma medida para tres funcionarios de Provías Descentralizado que participaron en el Comité de Adjudicación y en la Gerencia de Obras, a cargo de adjudicar la buena pro. Se trata de los ingenieros Víctor Efraín Valdivia Malpartida, Edgar William Vargas Más y Alcides Villafuerte Vizcarra.
Igualmente, se pidió impedimento de salida del país para el empresario inmobiliario y de seguridad Marco Antonio Zamir Villaverde García. Además, para los socios y gerentes de las empresas Termirex, Luis Carlos, Marco Antonio y George Peter Pasapera Adrianzén; y del Grupo Arcose SAC, Héctor Antonio Pasapera López.
Tras el escándalo, el contrato con el consorcio Puente Tarata III, conformado por las empresas Tableros y Puentes S.A. Sucursal del Perú-Termirex S.A.C. y H.B. Estructuras Metálicas S.A.S Sucursal en Perú, fue anulado. Provías Descentralizado planifica realizar un nuevo concurso.
Por este mismo caso, tienen impedimento de salida del país por el plazo de ocho meses la lobista Karelim López y el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco. Contradictoriamente, en su declaración como investigada, López niega cualquier acto de corrupción en la adjudicación de los contratos al consorcio Puente Tarata III.
De los sobrinos del presidente, solo Fray Vásquez ha acreditado abogado y dejado un celular de contacto. La Fiscalía desconoce los contactos de los otros dos sobrinos.
Fiscalía busca las evidencias
La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro está buscando las pruebas de los presuntos actos de corrupción en las dependencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y está interrogando a todos los involucrados. Lo mismo realiza la fiscal de lavado de activos Luz Taquire, ante quien Karelim López se acogió a la colaboración eficaz.
Fuente La República
