La acusación por lavado de activos formulada contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia –luego de más de cuatro años de investigación– ha generado atención porque es el primer caso del escándalo Lava Jato en el Perú que llega a esa etapa.

Pero, además de Humala y Heredia y los otros imputados por el caso de los aportes a las campañas del 2006 y 2011 del Partido Nacionalista –como familiares de la ex primera dama–, al menos hay 66 personas más que verían con especial interés este proceso.

Se trata de quienes son investigados por el equipo especial del Ministerio Público, de acuerdo con un reporte del fiscal superior Rafael Vela de noviembre del 2018, bajo la misma clasificación: recibir supuestos aportes de Odebrecht para sus campañas electorales e introducirlos en el sistema financiero presumiblemente de manera ilegal. Lo que sucederá con el matrimonio Humala-Heredia puede repercutir directamente en sus casos.

Hablamos de investigaciones como la seguida a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori (hoy bajo prisión preventiva), así como a los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo. De igual modo, contra personas que prestaron sus nombres o que habrían sido intermediarios para recibir el dinero.

En el caso de los políticos investigados, todos tienen algo en común: niegan que hayan recibido aportes de Odebrecht, pese a que quien lo afirma es Jorge Barata, jefe de la multinacional en el Perú entre el 2001 y el 2012.

Financiar campañas políticas era parte de una cultura no oficial de la empresa. En palabras de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora: “Era normal que en los países en los que operábamos hiciéramos eso. No solo apoyamos al partido de gobierno, sino también a la oposición, para hacer una red” (interrogatorio de febrero del 2018 en la ciudad de Curitiba realizado por la fiscalía peruana).

Lo dicho por Odebrecht también quedó por escrito en diciembre del 2016, en el acuerdo de culpabilidad que la compañía firmó con el Departamento de Justicia de EE.UU. y las fiscalías de Brasil y Suiza. En este, la empresa reconoció que tenían una contabilidad paralela (la caja 2) para, además de pagar sobornos a cambio de obras públicas, financiar campañas electorales alrededor del mundo.

—El camino a la acusación—

Al tratarse de una imputación por lavado de activos, la fiscalía tiene el reto de demostrar que los aportes que Odebrecht afirma que dio procedían de una fuente ilícita y que los acusados conocían o al menos presumían que estos tenían un origen ilegal.

El fiscal Germán Juárez sostiene que la campaña del 2006 de Humala recibió dinero del erario público de Venezuela por órdenes del ex presidente Hugo Chávez. Además, que Heredia y su entorno realizaron actos de conversión y ocultamiento para introducirlo en el sistema peruano.

Respecto al proceso del 2011, ex directivos de Odebrecht han declarado que dieron en total US$3 millones en efectivo a la ex pareja presidencial. El año pasado, el mismo Marcelo Odebrecht entregó en Brasil un reporte de órdenes de pago de su software interno My Web Day B, en el que se indican, bajo el nombre en código ‘Campanha NAC 3’, los supuestos aportes dados a Humala.

Según la fiscalía, Barata y Odebrecht dijeron que ese aporte fue un pedido del ex presidente brasileño Lula da Silva y que este provino de los fondos que la empresa tenía en su caja 2.

—El misterio de la caja 2—

La caja 2 era un fondo administrado por el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE), la división de sobornos que la constructora creó en el 2006 y que lideró Hilberto Silva.

Según la defensa de Humala, la fiscalía no ha podido determinar el origen ilícito de esta caja y que, en el supuesto de que se haya entregado el dinero, este no se dio a cambio de una obra.

Entrevistado por El Comercio a inicios de este año, el fiscal Orlando Martello, miembro del equipo Lava Jato en Curitiba (Brasil), afirmó que la caja 2 se alimentaba de contratos ficticios hechos por la constructora fuera de Brasil. También dijo que buena parte del dinero no se declaraba y se desviaba a través de ‘offshores’ para no dejar rastro.

De hecho, documentos entregados recientemente por Odebrecht al equipo especial de la fiscalía peruana dan cuenta de la existencia de la Caixa Livre Peru, un fondo que habría administrado Barata para pagos ilícitos en este país, cuyo límite hasta ahora no es de conocimiento público.

—La primera mención—

Humala fue el primer presidente peruano implicado en el Caso Lava Jato. En febrero del 2016, meses antes de que el caso se investigara en el Perú, la Policía Federal de Brasil relacionó a Humala con una supuesta entrega de US$3 millones. Esto ocurrió a raíz del análisis de un cuadro de Excel descubierto en la computadora de uno de los trabajadores del DOE. En este, se señalaba un “Proyecto OH” y al lado la cifra de 4,8 millones de reales. Según la policía, “Proyecto OH” era Humala.

En noviembre del 2016, Barata declaró sobre el tema a la fiscalía y meses después lo hizo Marcelo Odebrecht. En julio del 2017, Humala y su esposa fueron los primeros para quienes se ordenó prisión preventiva por una investigación de aportes de campaña. Meses después, los ex directivos revelaron que beneficiaron de la misma manera a políticos como Fujimori, Kuczynski, Toledo y García. Por tal razón, lo que ocurra hoy con el proceso de Humala y su esposa será crucial para los demás investigados.

Punto de vista

La dificultad probatoria, por Óscar Solórzano

La dificultad probatoria en los casos de lavado de activos en el marco del financiamiento de campañas políticas se intensifica aun más que en los delitos comunes producto de la relación compleja entre el delito de lavado y el delito previo (que origina los activos). En especial, en lo que concierne a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal.

En cuanto al primero, la pregunta que se debe hacer el juez es si los fondos de la caja 2 de Odebrecht tienen origen ilícito, pues de lo contrario no existe el lavado. La respuesta es compleja para los que no conocemos el detalle del expediente. Sin embargo, creo que hay una alta probabilidad de que sí lo sean: al crear una contabilidad paralela, la empresa ha tenido que hacer operaciones fraudulentas, como contratos ficticios, que permitieron desviar los fondos regulares.

En regla general, las empresas criminales cometen delitos, como mínimo, de fraude contable y tributario, que en principio originan los activos maculados. Un ejemplo concreto es el Caso Siemens (Alemania) que criminalizó la creación de cuentas ilegales destinadas a sobornos.

El segundo elemento tiene que ver con el conocimiento que debe tener el investigado sobre si lo recibido era de dudosa procedencia. La pregunta que se deberá hacer el juzgador es si el receptor sabía o debía presumir que el dinero era ilícito y que, a pesar de ello, lo tomó. La legislación ha desarrollado una modulación que se conoce como dolo eventual, que consiste en que el investigado ha podido sospechar en algún momento que el dinero tenía origen espurio y aun así lo aceptó.

En ambos casos, la probanza dependerá fundamentalmente de la calidad de los elementos de convicción de la fiscalía y del valor probatorio que el juez les dará en juicio. Siguiendo el estándar internacional, el juez deberá interpretarlas de manera flexible y distinta a los delitos ordinarios. Todo un reto para nuestro sistema de justicia en principio (excesivamente) garantista.

Fuente El Comercio

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