Once cuentas bancarias, bursátiles y financieras en total, de propiedad de Vladimir Cerrón y su madre Bertha Rojas, han sido incautadas recientemente por el Poder Judicial, impidiéndoles disponer de más de S/3 millones con el objetivo de que, al terminar la investigación en su contra por lavado de activos, se pueda decomisar definitivamente dicha cantidad de dinero.
Acorde con la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, la medida fue necesaria, ya que se hallaron suficientes elementos que condujeron a su despacho a estimar que sí habrían participado del blanqueo de dinero originado por ‘Los Dinámicos del Centro’ para diversos fines.
“Existen abundantes operaciones sospechosas e inconsistencias que no se condicen con la realidad, dado que los montos objeto de operaciones no guardarían relación ni proporcionalidad con lo generado por los investigados Vladimir Cerrón y Bertha Rojas”, indica la resolución judicial.
Parte de la sospecha de la Fiscalía para pedir la incautación fue que, según dos pericias al estado financiero de Cerrón hechas en los periodos 2002-2018 y 2019-2021, se halló un incremento injustificado de su patrimonio. El exfuncionario investigado tampoco pudo demostrar si realmente recibió pagos de más de S/15 mil entre el 2008 y 2010 por clases dictadas en la Universidad Nacional del Centro y la Universidad Peruana de Los Andes.
El Poder Judicial consideró además otro hecho clave: la apertura de cuentas mancomunadas en el BCP en soles y dólares, por la actual vicepresidenta Dina Boluarte Zegarra y Braulio Grajeda Bellido, por pedido del investigado Richard Rojas García, para recaudar dinero a favor de Cerrón cuando este fue condenado en 2019 por negociación incompatible.
De estas cuentas transfirieron más de S/15 mil a favor de una cuenta del exgobernador en el BBVA. Allí fueron a parar “aportes voluntarios” para su reparación.
Una de sus transacciones realizada en 2017, por S/260.000, no encajó con las declaraciones juradas que había presentado entonces ante la Contraloría. Sus justificaciones de pagos en recibo por honorarios como neurocirujano, entre enero y junio del 2021, tampoco fueron debidamente acreditadas. La madre de Cerrón, Bertha Rojas, también adquirió entre el 2010 y 2019 diversos bienes por US$197.000.
Parte de sus movimientos en la mira contemplan el haber comprado dos automóviles en 2010 y 2015 por más de S/100 mil, así como haber adquirido, ya cuando su hijo era gobernador regional de Junín en 2018, un departamento con depósito y cochera en Cercado de Lima por S/425 mil.
Transferencias y algo más
Pero el hecho más destacado de la serie de transferencias es el depósito que hizo por S/284 mil a favor de su hijo entre 2020 y 2021 para que pudiera pagarse la reparación civil de más de ochocientos cincuenta mil soles que se le impuso a Cerrón y otros condenados por favorecer a una empresa con una obra de agua potable en La Oroya, Junín.
Por este asunto, la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz, del caso Dinámicos del Centro, identificó que hubo desbalance en las cuentas de Rojas, porque según sus ingresos solo debía tener S/191 mil, y no los S/284 mil que abonó para contribuir a la reparación civil de su hijo.
En la trama que postula la Fiscalía, tanto el procesado Richard Rojas García así como Bertha Rojas López cumplieron el papel de testaferros. Esta publicación intentó comunicarse con la abogada de Vladimir Cerrón, Claudette Chaptman, sin embargo, no respondió los mensajes ni llamados.
Desde entonces se postuló que la organización política había sido utilizada para “blanquear” dinero ilícito proveniente de las actividades de ‘Los Dinámicos del Centro’, red criminal que habría liderado Cerrón en Junín para tramitar brevetes y permisos de conducir a cambio de sobornos, además de gestionar puestos de trabajo para sus allegados y a militantes de Perú Libre en el gobierno regional.
En mayo último, además, se incautó material del 2008 al 2021 de dos inmuebles en Junín. El año pasado incautaron material del local de Perú Libre.
La clave
Reparación. En abril, la Procuraduría Anticorrupción pidió en el caso Dinámicos del Centro que, tanto Cerrón como otros coinvestigados, paguen al final del proceso S/5 millones de indemnización al Estado. Como respuesta, Cerrón pidió excluir a la Procuraduría del caso.
Fuente La República
