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Línea Amarilla: las idas y vueltas de la cuestionada obra vial

Línea Amarilla: las idas y vueltas de la cuestionada obra vial

En el 2009, durante la segunda gestión del ex alcalde Luis Castañeda Lossio, la Municipalidad de Lima entregó en concesión el mega proyecto Línea Amarilla al consorcio Lamsac, cuyo 99% de acciones los poseía la constructora brasilera OAS.

La obra tendría una inversión inicial de US$571 millones y su construcción, de 9 kilómetros, uniría 11 distritos de la capital, desde San Juan de Lurigancho (SJL) hasta el Callao. Además, serviría como una alternativa para reducir la congestión en la Vía Evitamiento.

La obra se estimaba que sería culminada en cinco años; es decir en el 2014. No fue así.

Dos años después, en el 2011, la alcaldesa Susana Villarán firmó la primera adenda que modificó el contrato con Lamsac. La obra pasaría a llamarse Vía Parque Rímac y se amplió el plazo de concesión de 30 a 40 años y que el 7% de los peajes se destine a las arcas de la comuna.

Se acordó también que la empresa brasilera debía destinar fondos de la concesión para el proyecto Río Verde por US$74.5 millones y la construcción de un viaducto en SJL y zonas del centro histórico de Lima por US$29 millones.

Para ello se eliminó el proyecto de una vía del Metropolitano debido a que estaba en marcha la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima.

Al siguiente año, en el 2012, la constructora OAS transfirió sus acciones del proyecto a la compañía brasileña Invepar. Ese mismo año, la crecida del río Rímac llevó a los contratistas del proyecto a suspender la obra. Las pérdidas por la inundación ascendieron a US$250 mil.

En el 2014 y a pocos meses de dejar la Municipalidad de Lima, la gestión de Susana Villarán, paga $142 millones a Lamsac por concepto de no cumplir con la liberación de áreas y la reubicación de los predios.

Durante el tercer gobierno de Luis Castañeda Lossio (2015), dejó de lado el proyecto Río Verde. En julio de ese año, la comuna informó que el Ministerio de Economía aceptó una nueva adenda para sustituir dos intercambios viales en la Vía Evitamiento para pasar a construir el puente Bella Unión de la avenida Universitaria, en San Martín de Porres.

Además, la comuna desestimó el proyecto Río Verde y el dinero de ese fidecomiso se utilizó para la construcción del cuestionado by-pass y alameda de 28 de Julio, en el Cercado de Lima.

En el 2015 la empresa brasilera OAS se declaró en insolvencia debido a los escándalos de corrupción en Brasil. Un año después el proyecto fue vendido a la empresa francesa Vinci, por $1.500 millones.

Ese año, la Contraloría General de la República anunció que auditará el megaproyecto vial. Además, la fiscalía inició una investigación para determinar si Castañeda Lossio coordinó con José Pinheiro, ex presidente de OAS, para que no se firme el contrato para ejecutar Río Verde cuando Susana Villarán aún era alcaldesa.

Dicha investigación inició tras la exposición de mensajes por Whatsapp, difundidos por IDL Reporteros, entre el brasilero y Guiselle Zegarra, ex funcionaria de la Municipalidad de Lima en el 2009.

La obra fue inaugurada en junio del año pasado por Luis Castañeda Lossio. Tras la presentación, la comuna informó que aún faltaba recepcionar el viaducto 6.3 que cruzaba la Vía de Evitamiento a la altura de las zonas de Zarumilla y Caquetá, en dirección hacia Lima norte.

Fuente El Comercio

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