A cuatro días de cumplir un año de estar prófugo, policías de Inteligencia de la Macro Región Policial Huánuco, capturaron al ex gobernador de Huánuco, Juan Alvarado Cornelio. La detención ocurrió en Chimbote.
El 25 de marzo del 2022, el juzgado dispuso su internamiento en el penal de Potracancha, dónde debía cumplir 18 meses de prisión preventiva por el ‘Caso Laptops’.
Fue el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, Elmer Contreras Campos, quien dictó 18 meses de prisión preventiva para Alvarado Cornelio, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada por el caso relacionado a la compra de 7995 laptops para docentes de Huánuco.
La audiencia de prisión preventiva que inició el 15 de marzo, continuó el 18, 19, 21, 22 y 23 del mismo mes, en los que el fiscal y los abogados de los cuatro investigadores debatieron cada uno de los requisitos del pedido de prisión preventiva. Hoy, el juez Contreras Campos en audiencia de más de seis horas ininterrumpida dio lectura a la Resolución n° 14-2022, declarando fundado el pedido del fiscal, dictaminando prisión preventiva de 18 meses para cuatro de los 11 implicados en el caso.
El fallo, con el mismo periodo de prisión preventiva, también incluye a la ex gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco, Luz Janeth Rodríguez Ramos; el ex asistente de Sistemas de la misma institución Darwin Campos Soto y el empresario Luis Bedregal Gonzáles.
El fiscal Virgilio Iván Carrión Cabrera de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, a cargo del caso, basó su requerimiento de prisión preventiva al informe de auditoría de cumplimiento n° 29224-2021-CG/GRHC-AC de la Contraloría General de la República, que concluye que los investigados habrían direccionado la adquisición para que las laptops sean de una determinada marca y modelo, sin tener los equipamientos preexistentes.
De acuerdo a la sindicación, las computadoras fueron importadas con diferentes características a las requeridas y antes de su entrega a los docentes, fueron reensambladas, les reemplazaron los discos duros de 256 gigabytes (GB), que eran de fábrica, por otros de mayor capacidad de almacenamiento (1 terabyte).
Asimismo, que las laptops fueron adulteradas; esto, porque cambiaron el número de la placa base del ordenador con la finalidad de que cumpla con las características requeridas de la orden de compra emitida por la entidad.
Los funcionarios del gobierno regional, entre ellos, la gerente de Desarrollo Social, dieron la conformidad a la recepción de 7 995 computadoras portátiles, pese que no fueron entregadas con todos los programas de cómputo solicitados y registraban como faltante 104 equipos.
Los defensores de los acusados anunciaron que apelarán la resolución del juez Elmer Contreras, en el plazo pertinente.
Fuente Tu Diario
