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Mafia en el MTC (1): La Madeja de Provías

Mafia en el MTC (1): La Madeja de Provías

Para decidir el impedimento de salida del país por 36 meses del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, el juez Juan Carlos Checkley sopesó los argumentos facilitados por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta red criminal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), contaba con dos brazos operativos. El primero está integrado por los nombres que hoy saltan en los medios: Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, además de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

Pero el otro brazo operativo estaba en Provías, que es el organismo clave en esta parte de la trama. Según la Fiscalía allí destacan Alcides Villafuerte, ex gerente del organismo, y Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas, miembros del comité de selección de la licitación del puente Tarata III, quienes habrían facilitado la entrega de las obras públicas, como se lee en el documento fiscal, “a cambio de recibir beneficios por parte de los favorecidos”.

Silva ha negado tener relación con los miembros del comité de selección, pero sus argumentos, a la luz de los “cien grandes” que Villafuerte le habría entregado de parte, según dice, de la constructora española TAPUSA (Tableros y Puentes), que integró el consorcio de Tarata III, no tienen asidero. A la reveladora secuencia de los hechos y los dichos de Karelim López, se suman los audios de Villaverde.

 “Los procesos los ve cada ejecutora dependiente en este caso del MTC, bajo las normas del ente rector que es la OSCE”, explica la exviceministra Fabiola Caballero, que renunció en febrero y denunció las irregularidades del sector. “Si bien las bases, términos de referencia y comités se pueden haber conformado en una gestión anterior, eso no es impedimento para que exista corrupción. Allí quieren sorprender a la gente que no sabe sobre procesos. Para el caso TARATA, varios funcionarios han declarado del interés del ministro Silva y del operador Villaverde y así ya lo han manifestado los miembros del Comité en las declaraciones a la Fiscalía. Es más, el exgerente de Obras de Provías Descentralizado, Alcides Villafuerte, está colaborando con la Justicia y contó cómo se planificaba todo desde la casa en Lince de Silva, en coordinación con Villafuerte y uno de los sobrinos. ¿A quién quiere engañar?”.

El 12 de octubre del 2021, el mencionado consorcio ganó la buena pro para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga, en la provincia de Mariscal Cáceres, San Martín. La diferencia con la propuesta económica de su competidor cercano fue de solo 27 céntimos.

La buena pro se otorgó a pesar de que el presidente del Comité de Selección, Miguel Espinoza Torres, cuestionó el otorgamiento del contrato de S/ 232,5 millones al Consorcio Puente Tarata III porque no cumplía con los criterios técnicos en el sentido de la facturación de obras similares a la licitada. Sin embargo, los otros dos integrantes del comité, Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más, le dieron el visto bueno por mayoría. Ambos integran el supuesto segundo brazo operativo.

Dos semanas más tarde, el 27 de octubre, se publicó en El Peruano la designación de Valdivia Malpartida como director ejecutivo de Provías Descentralizado, que tiene un presupuesto propio de S/ 770 millones, con la firma del entonces ministro Silva.

Varios artículos de prensa dieron cuenta de las denuncias que enfrentaba Valdivia Malpartida en Ayacucho, que van desde peculado por apropiación o utilización de caudales, falsificación documentaria, falsedad genérica y hasta violencia familiar en la modalidad de maltrato físico y psicológico. En 2014 fue detenido por orden de captura en Huancavelica.

No duró ni un mes. El 24 de noviembre Valdivia Malpartida renunció a la presidencia de Provías Descentralizado y el despacho fue encargado a Walter Pineda quien, como quien se cura en salud, ordenó un proceso de fiscalización a la buena pro del puente Tarata.

Los directores de los Provías -Nacional y Descentralizado- han sido cambiados con tanta o más frecuencia que los ministros del actual gobierno. La exviceministra Caballero sostiene que cada uno “no llega ni a tres meses, con el consiguiente cambio de gerentes. Para poner un ejemplo, en 10 meses, sólo en Provias Descentralizado se han cambiado a siete directores”. Para Caballero, que fue citada a declarar como testigo en la Fiscalía el próximo 13 de junio, “es un desorden, un caos, una sensación de que no se avanza en las políticas públicas y un copamiento del aparato público; pero además hoy sabemos por los dichos de Karelim López y Zamir Villaverde que eran colocados los Directores y Gerentes para operar las mafias en coordinación con los empresarios y ganar a través del direccionamiento de los procesos de contrataciones, como fue el Caso de Tarata III. Allí coinciden los dichos de los colaboradores sobre los cambios constantes, el direccionamiento, y el periodo de tres meses de duración. Toda una planificación de la mafia”.

Castillo, que también está citado a declarar el 13 de junio, interpuso mediante su defensa una tutela de derechos contra la decisión del fiscal Sánchez de investigarlo por hechos ocurridos durante su gestión como presidente.

Fuente Caretas

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